El 13 de noviembre, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de Jalisco dejó el cargo para regresar, dijo, a la docencia y la investigación. En su lugar se nombró a un encargado de despacho. La salida ocurrió un día después de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) entregara al Congreso su informe sobre la manifestación por el agua del 11 de octubre frente a Casa Jalisco. No hay evidencia de que ambos hechos estén relacionados, pero la coincidencia obliga a mirar algo más profundo que una renuncia: el diseño de la oficina.
Recordemos los hechos. Aquel día, el propio Ejecutivo reportó 39 personas detenidas, de las cuales 12 fueron liberadas después. La CEDHJ recibió 25 quejas contra la Policía Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atrajo el caso el 13 de octubre. En su informe, la comisión estatal afirmó que sus observadores no presenciaron actos que pudieran calificarse como tortura y reconoció que no aplicó el Protocolo de Estambul. La CNDH, en cambio, recabó testimonios de agresiones y tratos crueles dentro de Casa Jalisco. Y en la glosa de esta semana se señaló que no se ha abierto una sola carpeta de investigación contra algún elemento por los abusos denunciados.
En ese escenario, ¿qué papel jugó la Subsecretaría de Derechos Humanos? Aquí aparece la contradicción. La Subsecretaría depende de la Secretaría General de Gobierno y, en última instancia, del gobernador. Su función formal no es denunciar, que corresponde a los organismos autónomos, sino coordinar la política pública de derechos humanos del Ejecutivo y dar seguimiento a las recomendaciones. Cuando las personas señaladas como responsables son agentes del mismo gobierno, una oficina subordinada queda atrapada entre su mandato y su lealtad jerárquica.
La subsecretaría no fue diseñada para señalar al gobierno del que forma parte. Sin autonomía, sin presupuesto propio y sin capacidad vinculante, su eficacia depende de la voluntad política de su jefe. Puede organizar capacitaciones, coordinar a la Comisión de Búsqueda o a la de Atención a Víctimas y emitir pronunciamientos generales. Lo que difícilmente puede hacer, es decir, con nombre y apellido institucional, que la policía de su propio gobierno violó derechos. Así, corre el riesgo de convertirse en una instancia administrativa más que en una garante.
No es un problema imposible de resolver. La experiencia federal muestra que una oficina del Ejecutivo puede reconocer responsabilidades del Estado, pero también que eso depende del momento político y no de un diseño que lo garantice. Para que esta subsecretaría tenga sentido, debería publicar informes periódicos sobre el cumplimiento de las recomendaciones de la CEDHJ y la CNDH, contar con un consejo consultivo con participación de sociedad civil y academia, y tener reglas claras para pronunciarse cuando los hechos involucren a dependencias estatales.
El problema, por tanto, no es quien se fue. Será quien llegue. Y hay una paradoja difícil de ignorar: se marcha el funcionario con menor responsabilidad en los hechos del 11 de octubre, mientras permanece el secretario de Seguridad, quien, pese a haber estado en el lugar, respondió “yo no fui” cuando se le preguntó quién dio la orden, y en dos comparecencias ante el Congreso no ha aclarado quién dio la orden. Los mandos de seguridad parecen inamovibles: transitan de un gobierno emecista a otro, inamovibles, sin rendir cuentas y sin ningún tipo de sanción por sus acciones.
Cualquier persona que ocupe la subsecretaría tendrá que manejarse bajo la misma dinámica: garantizar derechos desde una oficina que responde a quien debe rendir cuentas por ellos. Mientras no cambie el diseño, cambiar a la persona titular solo cambiará el nombre en la puerta.
BG/I









