El 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó la reforma al artículo 34 constitucional que reconoció la ciudadanía plena de las mexicanas y su derecho a votar y ser votadas. No fue una concesión generosa del poder: fue el desenlace de décadas de organización política de mujeres que el propio Estado prefirió ignorar el mayor tiempo posible.
En 1937, Lázaro Cárdenas envió al Congreso una iniciativa de sufragio femenino que simplemente se congeló en la Cámara de Diputados durante 16 años, mientras el Frente Único Pro Derechos de la Mujer –que llegó a reunir a más de 30 mil mujeres organizadas– sostenía la exigencia en las calles. Antes de la reforma federal, varios estados ya habían reconocido el voto local: Yucatán en los años veinte, Puebla en 1936, San Luis Potosí y Sinaloa en 1938. México no inventó nada: llegó tarde a algo que ya era, en los hechos, una demanda consolidada. Las mexicanas votaron por primera vez en una elección federal hasta el 3 de julio de 1955.
Y México, además, llegó tarde también frente a la región. Ecuador fue el primer país de América Latina en reconocer el voto femenino, en 1929 (24 años antes que nosotros), gracias a la batalla legal de Matilde Hidalgo. Le siguieron Brasil y Uruguay en 1932, Argentina en 1947, Bolivia en 1952. México llegó en 1953, apenas unos años antes que Colombia (1954), Perú (1955) y, muy por delante, de Paraguay, que no lo reconoció sino hasta 1961, el último país sudamericano en hacerlo. El patrón regional es revelador: en ningún caso el derecho se otorgó; en todos, se arrancó.
El impacto de esa conquista es, hoy, innegable: México tiene a su primera presidenta, Claudia Sheinbaum; el Congreso opera bajo una paridad prácticamente plena, con representación casi equitativa de mujeres en ambas cámaras; hay 13 gobernadoras –40.6 por ciento de las entidades del país–, y existe, por primera vez, una Secretaría de las Mujeres a nivel federal. Nada de esto habría sido imaginable sin aquel 17 de octubre de 1953.
Pero celebrar la fecha sin nombrar su fragilidad actual sería, cuando menos, una lectura incompleta. Apenas el pasado 16 de octubre, ONU Mujeres y el INE presentaron un estudio que debería detenernos en seco: 96 por ciento de las candidatas a cargos legislativos en México sufrió algún tipo de violencia durante el proceso electoral 2023-2024. No hablamos de un dato marginal, sino de la norma. La paridad numérica en el papel convive, en los hechos, con un entorno que sigue castigando a las mujeres por ejercer el derecho que sus antecesoras conquistaron a pulso. El derecho al voto se ganó; el derecho a ejercer la política sin violencia sigue, 73 años después, pendiente de conquistarse del todo.
Ruanda es el caso más citado fuera de la región: desde 2003, su Constitución exige una cuota mínima de 30 por ciento de mujeres en los órganos de decisión del Estado, y hoy ocupan 63.8 de su parlamento, el porcentaje más alto del mundo. Nueva Zelanda, por su parte, ya alcanzó también la paridad plena en su Congreso. Vale la pena voltear a ver estas y otras buenas prácticas internacionales.
Lo que sigue no es solo conmemorar: es exigir que la violencia política de género deje de tratarse como un costo normal de la participación femenina, fortalecer los mecanismos de denuncia y sanción ya existentes, y recordar –cada generación– que ningún derecho político se sostiene solo por estar escrito en la Constitución. Se sostiene porque alguien, todos los días, se niega a dejarlo retroceder.
*Doctora en Derecho
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