Entre enero de 2022 y septiembre de 2026, 103 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en México y 10 más fueron desaparecidas. Solo cuatro casos tienen sentencia condenatoria: 96.5 por ciento permanece en la impunidad. Las cifras provienen del informe ‘Situación de personas defensoras de derechos humanos y obstáculos para acceder a la justicia en México’, que Iniciativa Sinaloa, Artículo 19 y otras organizaciones presentaron hace unos días ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Panamá.
Cada asesinato silencia a una persona y la causa que defendía: una madre que buscaba a su hijo, una comunidad que exigía agua, un pueblo que protegía su territorio. Y cada caso sin castigo envía un mensaje a quienes continúan esa labor: atacarles sale barato.
Jalisco conoce bien ese mensaje. En marzo de 2025, Teresa González Murillo, del colectivo Luz de Esperanza, fue atacada a balazos en su casa en Guadalajara. En abril, María del Carmen Morales, de Guerreros Buscadores de Jalisco, el colectivo que dio a conocer el Rancho Izaguirre, fue asesinada junto con su hijo en Tlajomulco. Ese mismo mes desapareció Karina Ruiz Ocampo, activista de El Arenal que exigía agua para un fraccionamiento que la recibía media hora al día; su cuerpo fue hallado semanas después. Defender el agua en Jalisco también puede costar la vida, y conviene recordarlo ahora que la exigencia de agua limpia volvió a las calles y fue respondida con agua a presión.
El informe muestra que la impunidad no es accidental. Las investigaciones se concentran en quien disparó y no en quien ordenó, financió o se benefició del ataque. Las fiscalías no consideran la labor de defensa como línea de investigación, carecen de perspectiva de género, pierden o valoran mal las pruebas y niegan a las víctimas el acceso a sus carpetas. Como advierte el documento: “La respuesta incompleta permite que las estructuras que hicieron posible la agresión permanezcan activas”.
Estas omisiones contradicen obligaciones claras. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a defenderlos. La Corte Interamericana, en el caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala, estableció que el Estado debe investigar con debida diligencia y considerar la labor de defensa como posible móvil. Y el Acuerdo de Escazú obliga a México a proteger a quienes defienden el medio ambiente y el agua.
México tiene desde 2012 un mecanismo federal de protección, pero proteger no basta si no se hace justicia: una escolta puede evitar un ataque; solo una investigación seria desarticula a quienes lo planean. Por eso las organizaciones piden un plan nacional con presupuesto y plazos para aplicar el protocolo homologado de investigación, y una fiscalía federal especializada con facultad para atraer casos locales graves.
Jalisco no debe esperar a la Federación. La Fiscalía del Estado puede adoptar desde ahora la labor de defensa como línea obligatoria de investigación, informar el avance de los casos de Teresa, María del Carmen y Karina, y garantizar la participación de sus familias.
Las personas defensoras hacen lo que el Estado no hace: buscan a quienes nadie busca, documentan lo que nadie registra, exigen lo que nadie garantiza. Que 96 de cada 100 crímenes en su contra queden impunes no es solo una falla del sistema de justicia. Es una forma de abandono.
BG/I
