Nombramiento de Iker Frangie no cambia: Lemus

El gobernador Pablo Lemus Navarro validó la designación de Iker Frangie Martínez Gallardo al frente de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) y sentenció que no lo retirará del cargo. A la par señaló a empresarios de estar detrás de las acciones para exigir la destitución del funcionario.

Como argumentos para validar el nombramiento, dijo que el hijo del alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, tiene 10 años de experiencia en derecho administrativo y que en el gobierno de Guadalajara, que él encabezó, estuvo al frente de casos en materia ambiental.

No reconoció un conflicto de interés y pidió no juzgar a la persona por su apellido.

“No lo hay (conflicto de interés) por cargar con un apellido. Si trabajara en Zapopan lo entendería, pero trabaja en el gobierno del estado, nadie puede ser juzgado por su apellido, no la muelen, él ha hecho su carrera, él ha salido adelante, ha estudiado solo. Juzgarlo porque se apellida Frangie”, dijo el viernes.

Sobre las inconformidades en torno al nombramiento, señaló directamente a empresarios inmobiliarios y a Caabsa de estar detrás, ya que la Proepa iniciará procedimientos penales en contra de ellos.

“La próxima semana se van a presentar las denuncias penales por la tragedia medioambiental de Laureles y de Matatlán. Caabsa tuvo un manejo irresponsable de estos dos tiraderos. Hemos hecho distintas visitas de inspección y vamos a presentar las denuncias en contra de Caabsa por los delitos medioambientales en Laureles y Matatlán”.

INTERESES PRIVADOS, SOBRE LO PÚBLICO

El activista Héctor Castañón consideró que la designación de Iker Frangie Martínez como procurador ambiental es una muestra a nivel local de cómo los intereses privados están dominando las decisiones públicas, las cuales inciden en la calidad de vida de la ciudadanía.

“Es el riesgo de que los intereses privados dominen lo público cuando tendrían que ser dos lógicas bien diferentes. El objetivo empresarial es hacer dinero, con una serie de normas, y el del sector público es garantizar derechos. El primer mandato que tienen los gobiernos es garantizar derechos”, indicó.

Castañón criticó a la par la defensa del nombramiento de Lemus Navarro: “Con esta decisión lo que está demostrando el gobernador es que da prioridad a su grupo político empresarial que lo ha impulsado en lugar de la protección del medio ambiente. Porque seguramente hay mejores perfiles, más especializados y

sin conflicto de interés que podrían ocupar esa posición y brindar un mejor desempeño en el cuidado ambiental”.

GR