Quinto Patio

Durante casi todo el último año del sexenio de Enrique Alfaro Ramírez se cometieron en Jalisco entre cuatro y cinco homicidios diarios, según se infiere de los datos preliminares difundidos por el Inegi sobre las defunciones por homicidio en 2024. Sumaron mil 749 los asesinatos, que van más allá de quitarle la vida a esas víctimas. Se trata de gravísimas agresiones que lastiman familias, a los padres, hijos, parejas, hermanos y en sí a núcleos sociales marcados por el luto, el dolor y cicatrices difíciles de sanar. Se pueden contabilizar los cadáveres, pero ningún parámetro puede medir el sufrimiento.

La radiografía exhibe que Jalisco fue la quinta entidad federativa con más casos, después de Guanajuato (4 mil 15), Estado de México (3 mil 277), Baja California (2 mil 450) y Chihuahua (2 mil 305). Jalisco, Guanajuato y el Estado de México forman un corredor de la muerte homicida, en tanto dos estados muestran cómo la sangre corre en la frontera del país. Los mexicanos no merecemos eso.

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Es legítima la preocupación ciudadana por el presente y el futuro del lago de Chapala, por lo que significa no solo en términos ambientales, sino también por el abasto de agua al Área Metropolitana de Guadalajara. Ya el gobernador Pablo Lemus Navarro planteó este jueves, en un foro ante autoridades federales, que se reconsidere la construcción del acueducto que llevará agua de la Presa Solís a León y otros cuatro municipios guanajuatenses, porque este vaso lacustre ubicado en Acámbaro, en el cauce del río Lerma, posibilita que cuando llega a su límite se desfogue hacia el lago jalisciense. Pidió, por tanto, que se informe de los planes y se instale una mesa de diálogo.

Recordemos que León es una ciudad con gran demanda de agua, que había exigido se le condujera el líquido desde la Presa El Zapotillo, en Cañadas de Obregón, lo cual no prosperó en el sexenio pasado. La respuesta que ante la preocupación dio ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de que se descarta restringir agua al lago de Chapala con la construcción del acueducto guanajuatense, debiera acompañarse de aclarar dudas puntuales. Mínimo. La Comisión Nacional del Agua tendría que informar, pues.

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Imaginemos: un familiar desaparece o es desaparecido; su gente cercana actúa de inmediato; acude a las dependencias relacionadas con desapariciones, donde la pachorrudés, el desdén y la ineficiencia las caracterizan; y como pasan los meses y los años sin ningún avance en las investigaciones, las familias presentan una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).

Pues bien, en una recomendación más, la CEDHJ informó que investigó otras 77 quejas relacionadas con desapariciones ocurridas entre 2012 y 2024, en 14 municipios, de 82 personas (ocho mujeres y 74 hombres). De las 82, sólo ocho han sido localizadas… sin vida. Para la defensoría, la desaparición de estas personas y el actuar de las autoridades involucradas en su búsqueda (la entonces Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, comisarías municipales, Ministerios Públicos, agentes investigadores, etcétera) constituyen una mul-ti-pli-ci-dad de violaciones a derechos humanos. Fallan las instituciones de Jalisco. Los errores y los horrores están documentados.

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