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Tras más de un año de lucha, marchas, resistencia y reocupaciones pacíficas, la Organización de Invidentes Unidos de Jalisco, AC logró que la justicia federal les reconociera lo que siempre les perteneció: su casa en Belén 457, en la colonia Santuario, de Guadalajara. El pasado 22 de agosto, el Poder Judicial de la Federación concedió la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo, que implica que el inmueble queda bajo la protección del Estado y en posesión de la asociación, frenando de manera tajante cualquier intento de despojo.
La batalla comenzó el 16 de mayo de 2024, cuando el Juzgado Noveno de lo Civil ordenó un lanzamiento judicial con múltiples irregularidades, despojando a la organización de un espacio que habían recibido en comodato hace más de 40 años.
La parte actora, Eva Montes Pérez, no acreditó plenamente la propiedad y aun así intentó rentar el inmueble como suyo. Lejos de rendirse, la comunidad ciega se organizó. El 25 de marzo de 2025 se manifestaron frente al palacio de gobierno, y el 18 de abril de 2025 reocuparon pacíficamente la casa, devolviéndole vida con actividades sociales, culturales y educativas.
Como parte del cumplimiento de la resolución, Tatiana Anaya, consejera jurídica del Poder Ejecutivo, citó a las 2 de la tarde para notificarles formalmente el fallo a favor de la organización. Sin embargo, no acudió a la hora indicada. Una hora después llegó un representante para disculparse y finalmente anunciar la resolución.
El funcionario aseguró que el gobierno del estado tiene intenciones de reparar el daño causado. No obstante, al ser cuestionado sobre cómo, cuándo o con qué presupuesto se llevaría a cabo esa reparación, no ofreció ninguna respuesta concreta.
Para Miguel, uno de los despojados, la victoria va más allá de las paredes del edificio: “Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer: luchar por lo que nos pertenece, por nuestra dignidad, porque nos la pisotearon. Hoy nos sentimos plenos, satisfechos y agradecidos por este logro colectivo”.
Belén 457 vuelve a ser la casa de la organización, pero también un símbolo de resistencia, dignidad y justicia. Tras años de indiferencia oficial y abuso judicial, la comunidad ciega demostró que con unidad y persistencia es posible revertir la injusticia.
Antonio García, representante legal de la organización, señaló que este caso demuestra el poder de la resistencia frente a la injusticia: “Hoy vemos con claridad que el sistema actúa en contra de los más vulnerables, y que si nos hubiéramos sometido a sus reglas atrofiadas, seguiríamos esperando la inalcanzable justicia”.
jl/I