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El reciente caso de la exdiputada federal y expresidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón García, contratada como asesora del Gobierno de Jalisco con un salario cercano a los 78 mil pesos mensuales bajo la figura de honorarios en la Secretaría de Administración, ha encendido alertas sobre la opacidad en el uso de recursos públicos.
La situación es preocupante porque, a la fecha, no se han publicado los detalles de su contrato ni se han especificado las funciones que desempeña. Para la académica Lucía Almaraz Cázarez, especialista en seguridad pública y transparencia, el caso va más allá de un asunto político y toca directamente a la ciudadanía, pues involucra la correcta aplicación de la ley y la rendición de cuentas.
Explicó que la legislación de transparencia en Jalisco exige que todas las contrataciones, incluidas las de honorarios, sean públicas. Cuando no se publican los contratos, se rompe con la obligación de informar y se genera un espacio propicio para la discrecionalidad.
Almaraz advirtió que este tipo de prácticas evidencian debilidades en el Sistema Anticorrupción de Jalisco, diseñado precisamente para prevenir irregularidades. Sin embargo, su operación resulta limitada y poco visible, lo que permite que se normalicen contrataciones sin controles claros.
Mencionó que lo que está en juego no es solo un sueldo alto, sino la credibilidad del gobierno y el correcto uso de los recursos, pues, si se permite la opacidad, se debilita la democracia.
La académica explicó que la figura de contratación por honorarios representa uno de los mayores riesgos de corrupción. Aunque es legal, se ha convertido en un mecanismo para evadir controles más estrictos, incorporar personal sin definir funciones ni rendir cuentas y abrir “zonas grises” dentro de la administración pública.
Finalmente, Lucía Almaraz Cázarez apuntó que muchas dependencias prefieren este esquema porque implica menor compromiso laboral. El problema no es legal, sino estructural: se privilegia un modelo que opera fuera del servicio público formal, lo que abre la puerta a clientelismo y uso indebido de recursos.
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