Estado mexicano rechaza que ONU investigue desapariciones en el país

Esta semana el relator del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán Alencastro, informó ante la Asamblea General que revisan si en México las desapariciones son generalizadas o sistemáticas. Al respecto, el representante del país ante la ONU reviró y rechazó el señalamiento.

El relator informó a los integrantes de la Asamblea General de la ONU que en marzo el CED decidió iniciar el procedimiento del artículo 34 de la Convención contra la Desaparición Forzada, mismo que faculta al organismo internacional para investigar las desapariciones en un territorio y, de encontrar indicios de que son generalizadas o sistemáticas, llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU.

“En marzo de 2025 el Comité activó por primera vez el artículo 34 en relación con México, dicho procedimiento permite al Comité llevar a consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas indicios de una posible práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada”, dijo.

Anunció, además que México entregó un primer informe en septiembre de este año y que lo está revisando el CED. Las acciones a seguir se anunciarán más adelante.

En respuesta, el representante permanente de México en la Asamblea de la ONU, Héctor Vasconcelos y Cruz, reviró al afirmar que el gobierno de México rechaza la implementación de este procedimiento al considerar que sólo se debe aplicar en casos excepcionales, infiriendo que lo que ocurre en el país, con más de 100 mil personas desaparecidas, no lo es.

“México no comparte la decisión del Comité consistente en activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención en un caso como el de mi país”, dijo.

Ante esta postura, la organización Amnistía Internacional lamentó que no se reconozca un problema excepcional y se pretenda rechazar este tipo de colaboraciones internacionales en busca de resolver la crisis.

Amnistía Internacional precisó: no es normal que haya más de 100 mil personas desaparecidas, que casi todos los casos queden impunes, que sean las familias y no las autoridades las que busquen, y que esa labor de búsqueda tenga consecuencias, incluso letales, para las personas buscadoras. Por lo tanto, sí se está ante un caso excepcional.

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