¿Tiene sentido regular las pantallas a una generación que nació con ellas? O estamos ante una oportunidad mucho más importante: enseñar a niñas, niños y adolescentes a decidir cuándo, cómo y para qué utilizarlas. La discusión sobre el uso de celulares y tabletas en las escuelas debería llevarnos también a mirar hacia dentro de casa: qué ejemplo estamos dando, qué límites establecemos y qué herramientas estamos ofreciendo para que la tecnología sea un recurso y no termine convirtiéndose en el centro de sus vidas. No debería reducirse a prohibir, limitar o permitir. El verdadero desafío está en desarrollar en la niñez y la adolescencia la capacidad de autorregularse, establecer límites, tomar decisiones y comprender las consecuencias de sus hábitos digitales.
En Jalisco, la Ley de Pantallas Seguras busca promover un uso responsable de los dispositivos y del consumo de contenidos, pero su existencia también abre una conversación más amplia sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad frente a una generación que creció rodeada de tecnología. Mientras comienza el calendario 2026-2027, la conversación educativa gira nuevamente alrededor de los dispositivos móviles y su regulación dentro de las escuelas.
En muchos planteles, particularmente privados, los celulares y las tabletas electrónicas forman parte de las herramientas cotidianas de aprendizaje. En algunas escuelas públicas, en cambio, su incorporación a la agenda académica todavía no termina de consolidarse y, en ciertos casos, están restringidos o prohibidos por reglamento.
A esto se suma un evidente análisis y discrepancia respecto de la libertad para utilizar dispositivos electrónicos en las instituciones educativas. También existe una brecha generacional que no podemos ignorar: profesores que tuvieron que adaptarse a las nuevas tecnologías frente a alumnos que prácticamente nacieron en la era digital. Las cosas como son.
Al menos 16 entidades federativas de México ya han regulado el uso de dispositivos en las escuelas y otras se encuentran en proceso de hacerlo. En este contexto, la consulta a un millón de profesores que iniciará este lunes 25 abre otra pregunta: qué tan determinante será la opinión de quienes viven esta realidad todos los días en las aulas y, sobre todo, cómo se traducirá esa consulta en decisiones concretas. El verdadero valor de un ejercicio de esta dimensión estará en lo que ocurra después: en las políticas que se construyan a partir de sus resultados y en su capacidad para responder a una realidad educativa que no admite soluciones simples.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en los últimos tres años el porcentaje de países que prohíben el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas pasó de 24 a 58 por ciento. Actualmente son 114 los sistemas educativos que han adoptado alguna medida en ese sentido. No es una discusión menor ni una tendencia casual.
El fenómeno comenzó a observarse con mayor claridad en 2023, cuando la UNESCO lo abordó en su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo. Desde entonces, distintos países han optado por establecer límites a la utilización de dispositivos en las aulas, aunque por razones diferentes.
Suecia ha limitado su uso, entre otros factores, ante resultados que consideró poco satisfactorios en la prueba PISA y ha reforzado el regreso a los libros. Noruega ha restringido herramientas de inteligencia artificial en la educación básica para priorizar la lectoescritura y el desarrollo de las matemáticas. En Países Bajos, algunas medidas buscan mejorar el clima social dentro de las escuelas y reducir el acoso escolar.
Cada país tiene razones para establecer medidas que regulen el uso de la tecnología dentro de las escuelas. Pero quizá la discusión más importante no esté únicamente en cuánto tiempo puede utilizar una niña o niño un celular, sino en qué estamos haciendo como adultos para enseñarle a decidir cuándo debe dejarlo.
Esa responsabilidad comienza en casa y continúa en las instituciones educativas. Padres, madres, docentes y autoridades tenemos la tarea de desarrollar el pensamiento crítico de una generación que inició buena parte de su educación en medio de una pandemia y que, por ello, adquirió una parte importante de sus conocimientos en un entorno digital.
Ninguna ley, reglamento o prohibición puede sustituir la formación de criterio. El verdadero reto es lograr que nuestras niñas, niños y adolescentes no sean simplemente usuarios controlados de la tecnología, sino personas capaces de decidir sobre ella.
Porque quizá la pregunta no debería ser solamente “¿cuándo vamos a prohibir las pantallas?”, sino algo mucho más incómodo para todos nosotros: ¿Qué estamos haciendo hoy para que nuestras hijas e hijos aprendan a vivir con ellas sin permitir que ellas decidan por ellos?
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