Es simbólico escuchar a una mujer decir, desde la Presidencia de México, que “las mujeres llegamos” a las decisiones fundamentales. No es una frase menor. El poder político mexicano ha sido un territorio construido por y para hombres, y que hoy una mujer ocupe el espacio más alto del Estado tiene, por sí mismo, un peso histórico.
Claudia Sheinbaum lo sabe y lo utiliza. En su segundo Informe de Gobierno, su condición de primera presidenta no aparece como una anécdota biográfica, sino como parte de la narrativa que quiere dejar instalada: no llegó solamente ella; llegamos las mujeres.
El problema es que, una vez reconocido el símbolo, viene la pregunta: ¿qué mujeres?
Porque “las mujeres” no somos una categoría homogénea. No viven la misma realidad una empresaria que una jornalera agrícola; una mujer indígena que una profesionista urbana; una mujer con discapacidad que una mujer afrodescendiente. La desigualdad tampoco se presenta de la misma manera cuando al género se le cruzan ingreso, edad, territorio o discapacidad.
El discurso presidencial reconoce muchas de esas diferencias, pero no siempre las entrelaza. En una revisión que hice del mensaje político de la presidenta vi a mujeres por un lado, pueblos indígenas por otro, personas con discapacidad aparte, jóvenes, adultos mayores… Hay inclusión, pero una perspectiva de verdad interseccional tendría que preguntarse qué ocurre cuando varias de estas condiciones coinciden en una misma persona.
Esta discusión importa porque el discurso de Sheinbaum tiene, en materia de género, una virtud que destaco: no reduce la igualdad al llamado empoderamiento individual. No nos dice a las mujeres que todo depende de que nos esforcemos, emprendamos o nos eduquemos. Su planteamiento es que el Estado debe intervenir para modificar condiciones materiales de desigualdad.
Ahí está, quizá, una de las partes más sólidas del discurso.
La Pensión Mujeres Bienestar, por ejemplo, no es presentada solo como una transferencia económica. Sheinbaum la define como un reconocimiento a toda una vida de trabajo y cuidados. Hay detrás de esa idea una lectura bastante clara: durante generaciones, millones de mujeres sostuvieron familias, comunidades y economías mediante un trabajo que rara vez fue remunerado y casi nunca reconocido.
Pero admitir esa deuda no necesariamente significa transformar la estructura que la produjo. Porque si el Estado compensa a las mujeres por haber cuidado durante toda su vida, queda pendiente cambiar los andamios.
La igualdad sustantiva no consiste solo en reconocer el trabajo de cuidados; implica redistribuirlo. Entre mujeres y hombres, entre las familias, el mercado y el Estado. Implica infraestructura, servicios, seguridad social y condiciones laborales que permitan que cuidar no siga siendo, por defecto, una obligación femenina.
Algo parecido ocurre con la violencia. El informe habla de feminicidio, y hay avances institucionales que merecen ser considerados. Pero cuando la seguridad se mide principalmente mediante homicidios, detenciones, decomisos y despliegues de fuerza, la experiencia específica de las mujeres corre el riesgo de quedar subordinada a una concepción general de seguridad pública.
Para muchas mujeres, la inseguridad empieza mucho antes de un asesinato: en la casa, en la pareja, en el trabajo, en la calle, en Internet. Está en la violencia sexual, económica, familiar y comunitaria; en las desapariciones y en el miedo cotidiano.
Sheinbaum sí ha colocado, en sentido estricto, a las mujeres dentro de la historia política con su llegada a la Presidencia, pero una mujer en la Presidencia no garantiza, por sí misma, una sociedad igualitaria.
Me sigo preguntando quién tiene patrimonio, quién puede dejar un trabajo para cuidar sin quedar en la pobreza, quién puede caminar sin miedo, cómo se accede a la justicia, quién decide sobre su propio cuerpo y quién sigue quedándose atrás, y qué hacemos para que eso cambie.
Sin discursos.
jl/I
