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Las fotoinfracciones que se imponen a ciudadanos de la Zona Metropolitana de Guadalajara carecen de legalidad en sus procesos, coincidieron académicas de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
De acuerdo con Bertha Alicia Esparza, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), y Adriana Olivares, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), las fotomultas se caracterizan por la ausencia de legalidad en sus procesos y por la poca transparencia en la recaudación de dinero.
Esparza indicó que según un análisis del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), de 2013 a 2017 se emitieron alrededor de 5 millones de infracciones, de las cuales más de 16 mil fueron impugnadas y, finalmente, 95 por ciento de éstas fueron anuladas.
“(Respecto a estas multas hay) un elemento fundamental, que se notifiquen en domicilio; el que la notificación no se practique de manera ajustada, a derecho, provoca que el documento sea nulo”, especificó, por lo que concluyó que estas infracciones nacen muertas al no apegarse a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Por su parte, Adriana Olivares reconoció que las fotomultas son un instrumento para incentivar la cultura vial, pero añadió que éstas carecen de estrategias para que funcionen correctamente.
“Las fotoinfracciones sí son un instrumento útil para que se respeten los límites de velocidad, pues si a la gente se le llega al bolsillo, respeta reglamentos y leyes; (sin embargo), no es el único recurso para regular la movilidad en una ciudad que tiene condiciones caóticas, se tienen que establecer otros elementos”, declaró.
La académica del CUAAD mencionó que la falta de transparencia ha generado problemas y mala fama a las mismas: “La gente, al ver que es el único recurso que está funcionando, dice: ‘lo que quieren es recaudar dinero’. No se sabe cuánto recaudan, ni a dónde se va el dinero. Si se tuviera una mayor transparencia no habría tantos reclamos”, aseguró.
En julio de 2017, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz dio a conocer que rescindiría el contrato con Autotraffic –empresa encargada de operar las infracciones– para que fuera el Ejecutivo el que llevara la batuta del programa; sin embargo, a la fecha este proceso no se ha concretado en su totalidad pese a que ya se acordó un monto de indemnización (26 millones de pesos) para la empresa.
Doscientos noventa y ocho vehículos consignados y la aplicación de mil 917 infracciones es el balance del operativo realizado entre el miércoles y el fin de semana pasado por la Secretaría de Movilidad (Semov) para verificar el cumplimiento de los reglamentos en la materia por parte de motociclistas.
Mediante un comunicado, la dependencia informó que, como una medida preventiva, la Policía Vial intensificó la vigilancia para que los motociclistas circulen con las medidas de seguridad que establecen la normatividad.
La dependencia recordó que circular sin placas amerita el retiro automático del vehículo, al igual que la combinación de transitar sin licencia ni tarjeta de circulación. En tanto, ante faltas como no utilizar el casco o el chaleco correspondientes se levanta una multa.
De esta forma, el miércoles se enviaron al corralón 93 motocicletas; el jueves, 105 y el viernes se aseguraron otras 100, además de la totalidad de cédulas de infracción.
El operativo se llevó a cabo en aquellas zonas en las que las estadísticas arrojan una gran incidencia de infracciones y donde existe un mayor número de denuncias de delitos cometidos a bordo de estos vehículos.
Desde inicios de 2016, la Semov incrementó el número de operativos para vigilar que los motociclistas circularan con un chaleco que contara con las placas del vehículo impresas. Esto, como medida para desincentivar la presencia de los denominados motoladrones.
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FRASE
“Las fotoinfracciones sí son un instrumento útil para que se respeten los límites de velocidad (…) (sin embargo), no es el único recurso para regular la movilidad en una ciudad que tiene condiciones caóticas” Adriana Olivares, académica del CUAAD
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