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Apuesta de campaña
El voto despojando afores
En un foro sobre la evaluación del proceso electoral de 2018 presenté un ejercicio FODA sobre las condiciones en que López Obrador asumiría el cargo y desarrollaría su gobierno. En el rubro específico de Amenazas, identifiqué a varias, pero a cuatro de ellas les adicioné el calificativo de “altas”. Una de ellas se refería a la sobrecarga de demandas por actores sociales que, siendo aliados potenciales en alguno de los aspectos del proyecto gubernamental, podrían elevar el grado de sus exigencias y confrontar al gobierno mediante la realización de acciones disruptivas como huelgas, paros, movilizaciones. Tal es el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que habiendo apoyado la candidatura de AMLO a la Presidencia, en sólo cuatro meses se ha confrontado ya dos veces con el gobierno federal.
Una, por la falta de pagos del gobierno estatal de Michoacán, que alegaba que el adeudo correspondía a la Federación. Como medida de presión la coordinadora procedió a bloquear las vías del ferrocarril en diversos puntos del estado, desde el 14 de enero hasta el 15 de febrero, luego de que el gobierno federal accediera a enviar al gobierno estatal una partida para solventar los pagos. La otra, el 27 de marzo para manifestar su inconformidad con la aprobación del dictamen del proyecto de reforma educativa, por parte de las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales. En respuesta la CNTE procedió a bloquear los accesos del recinto legislativo impidiendo la salida de quienes se encontraban dentro. Hasta el momento en que escribo estas líneas, el bloqueo, salvo algunos lapsos breves, se ha mantenido.
En ambos casos la postura del presidente López Obrador ha sido la de encauzar los diferendos por la vía del diálogo, renunciando de manera expresa a recurrir al uso de la fuerza para someter a los manifestantes. Y ha mantenido esta actitud a pesar de las numerosas voces que han criticado su decisión y la han calificado de pasividad. Para llegar a un acuerdo, el presidente instruyó a las secretarías de Gobernación y Educación a establecer una mesa con los representantes del sindicato y atender sus demandas, que van desde el lenguaje de la iniciativa, el otorgamiento de plazas a los egresados de las escuelas Normales hasta el control de la nómina salarial. Abierto a la rectificación del lenguaje y a considerar la demanda de ingreso laboral, el gobierno se ha mantenido inflexible respecto al control de la nómina salarial. López obrador ha sido enfático en que este rubro será controlado por el Estado. Lo que ha provocado un endurecimiento por parte de la coordinadora.
La irrupción de Elba Esther Gordillo, que además de anunciar sus pretensiones por volver a dirigir al SNTE, calificó a la nueva reforma educativa como una simulación de la anterior –“gata revolcada”, dijo–, vino a incrementar las tensiones entre el gobierno y el gremio magisterial, al grado de que en la conferencia mañanera del lunes pasado el presidente anunció –amenazó (¿?)– dejar sin efecto tanto su iniciativa de reforma como la de Peña Nieto y regresar a las condiciones establecidas en el marco anterior a las reformas. El argumento del gobierno estriba en que el control de Estado en el tema salarial es clave para erradicar la corrupción que se ha enquistado en ambos sindicatos y de la cual responsabiliza a sus dirigencias, a las que no ha dudado en asestarles el calificativo de “conservadoras”, al tiempo que manifestaba su deseo de establecer una comunicación directa con las bases.
En respuesta, la dirigencia de la CNTE ha anunciado la realización de movilizaciones, mítines y paros escalonados en tanto sus demandas no sean satisfechas. Amenazan con una “semana infernal”. Al parecer, el discurso conciliador del presidente, con el ánimo de sacar adelante la reforma educativa, no ha sido correspondido, por el contrario, en una clara confrontación estiran al límite el pulso de fuerzas con el Ejecutivo. La pregunta es: ¿hasta dónde está dispuesto AMLO a ceder?
@fracegon
JJ/I