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El gobierno nicaragüense advirtió con sanciones a los bancos que se adhieran a un paro nacional de 24 horas convocado por la oposición para el jueves, a fin de presionar por la liberación de cientos de manifestantes opositores presos.
“La actividad bancaria tiene una gran responsabilidad con el sector público, tiene un servicio público de apertura obligatoria, no puede haber ningún banco en tiempos normales que pueda cerrar al público, porque es un servicio público regulado por el Estado”, dijo el ministro de Hacienda, Iván Acosta, en declaraciones al estatal canal 6 de televisión.
Una entidad financiera “no se puede cerrar de un día a otro y no se debe cerrar; eso lleva a sanciones de parte de la reguladora del sistema financiero”, señaló.
Recordó que en 2018 la oposición convocó a varios paros nacionales en los que los bancos cesaron funciones alegando riesgos para su personal. Sin embargo, ahora el sector financiero “no tiene ningún argumento para cerrar porque el país está completamente en una situación normal y pacífica”, afirmó.
La actividad bancaria nicaragüense es regulada por la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones financieras que pueden imponer multas por incumplimiento de desempeño laboral, según una resolución vigente desde 2006.
La convocatoria al paro nacional fue presentada el miércoles por unas 35 personas vinculadas a la oposición, incluyendo líderes de la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, y apoyada por al menos diez cámaras empresariales, dirigentes estudiantiles y familiares de opositores presos.
“Si no nos dejan llenar las calles, vamos a vaciarlas”, dijo Juan Sebastián Chamorro, representante del sector privado en la Alianza Cívica, en alusión a la prohibición de la policía para realizar marchas y manifestaciones opositoras, vigente desde septiembre.
El paro abarcará “a todo el territorio nacional y a todas las actividades económicas y comerciales”, así como a las instituciones educativas que decidan respaldarlo, apuntó Chamorro.
EG
