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MANAGUA. La crisis sociopolítica en Nicaragua cumplió ayer seis meses sin que se vislumbre una solución, pues aunque los grupos de la sociedad civil están dispuestos a reanudar el Diálogo Nacional con el gobierno para hallar una solución, el presidente Daniel Ortega insiste en rechazar toda forma de negociación.
Las cifras de seis meses de represión a las protestas antigubernamentales alcanzaron 512 muertos, 4 mil 62 heridos, mil 428 secuestrados, más de 300 presos políticos y alrededor de 30 mil nicaragüenses que han huido del país para escapar de la violencia y persecución.
Aunque fue dado a conocer por organismos locales de derechos humanos locales a finales de septiembre y no ha sido actualizado, el saldo de la represión en Nicaragua evidencia la urgente necesidad de solucionar la crisis, que inició con protestas contra la reforma al sistema de Seguridad Social.
La presidente del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, afirmó ayer que “no vemos la salida” a la crisis, pues la represión gubernamental continúa, “no sabemos hasta cuándo podremos vivir en paz y reconstruir el país, moralmente destruido”.
Los grupos de derechos humanos locales e internacionales han emitido fuertes condenas al gobierno de Ortega por la severa represión contra los manifestantes desde que estallaron las protestas el 18 de abril, y más adelante han denunciado asesinatos, tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
Los manifestantes, que exigen la renuncia del presidente Ortega y de su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, y todos aquéllos que apoyan las protestas han enfrentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y de grupos paramilitares armados, que actúan con la anuencia del gobierno.
La pareja presidencial acusa a los manifestantes de ser “gente a la que se le paga” con la intención de llevar a cabo un golpe de estado y desestabilizar al país, y niega que se estén violando los derechos humanos de los nicaragüenses, a pesar de las denuncias al respecto.
A propósito de los seis meses de crisis, la comisionada Antonia Urrejola, relatora en Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que el uso de la fuerza en contra de los manifestantes y la detención arbitraria de personas parece ahora “la regla general” en el país.
“Todas las situaciones que en un Estado democrático de derecho deberían ser excepcionales, en Nicaragua son más bien la regla general. En ese sentido, uno puede decir que se vive un Estado de excepción”, dijo Urrejola al periódico nicaragüense El Nuevo Diario.
La violencia que se produjo en algunos casos, en el marco de las protestas o de los bloqueos, que los manifestantes instalaron en las calles para protegerse de la represión, “no puede ser una excusa para el uso desproporcionado de la fuerza o para llevar a cabo juicios o arrestos sin las garantías propias”, fustigó.
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FRASE
“No sabemos hasta cuándo podremos vivir en paz y reconstruir el país, moralmente destruido” Vilma Núñez, centro Nicaragüense de Derechos Humanos
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JJ/I