Se necesitaba más que un periodo extraordinario: MC

Ante las propuestas de reformas legislativas que llegaron de Presidencia, la oposición tuvo que plantear reservas para poder intervenir, la única manera que tenían de hacerlo porque no había tiempo de discutirlas, ni plantear mesas de trabajo o de discusión antes de votarse, así lo definió Patricia Mercado diputada de Movimiento Ciudadano (MC).  

En el periodo ordinario tuvieron sesiones donde trabajaban máximo 3 horas porque todavía no estaban listas las iniciativas del periodo extraordinario, sin embargo, de todas las reformas que se plantearon votaron a favor de la de Telecomunicaciones que sí tuvo foros previos con participación académica y ciudadana y que se aceptaron varios cambios antes de votarse.

Respecto a la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera que es un gran error y peor todavía darle esa tarea al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Mencionó que son 180 personas de mucho valor que trabajaban ahí y quedarán a la deriva, además de que no se sabe cómo se van a analizar los datos, pues esa no es la tarea del Inegi, pero no hubo manera de poder cambiar esa decisión.

Para la emecista, se necesitaba más tiempo para discusiones con expertos, con la sociedad y con las distintas bancadas que no tienen mayoría, como se hacía en legislaturas anteriores en las que había posibilidades de caminar por acuerdos, pero aquí al tener la mayoría del Congreso, no se escuchan las alertas que se ponen sobre la mesa. También exhorta a que se agregue un periodo ordinario más.

En cuanto a la ley de telecomunicaciones, Mercado invita a que las autoridades sean muy responsables con el uso de los datos y, como lo han dicho, sea un juez el que determine la posibilidad de geolocalizar a cualquier persona en tiempo real, aunque también hay dudas pues ahora los jueces estarán de mayoría con el régimen.

Insistió en que deben darles seguimiento a las aprobaciones, que los gobiernos estatales y minorías parlamentarias que tienen gobiernos estatales evalúen cómo se implementan estas reformas para que no sea la ley espía ni la ley censura, sino que realmente se respeten los cambios que se hicieron.

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