El desaire a la CNDH

Por primera vez en los 29 años de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el informe anual no fue recibido por el presidente de la República en una ceremonia pública.

En casi tres décadas, cada año los anteriores titulares del Ejecutivo tuvieron que escuchar los señalamientos sobre la situación en el país en materia de derechos humanos, y en algunos casos apechugar por recibir en público recomendaciones ante violaciones a las garantías individuales.

Esta vez, Luis Raúl González Pérez tuvo que entregar el informe a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Para el ombudsman nacional, el desaire es desalentador para la defensa de los derechos humanos. Considera que si hay algún reproche la sociedad debería conocerlo y si bien la mayoría de las observaciones corresponden a la administración anterior, aprovecha para recordar que con el nuevo gobierno las cosas no marchan de la mejor manera.

En estos meses, las observaciones de la CNDH al Ejecutivo han tenido que ver con la austeridad republicana que ha cortado de tajo recursos a rubros delicados como el de salud.

El organismo respaldó, por ejemplo, a directores de los institutos de salud públicos, como cancerología, enfermedades respiratorias o neurología que han protestado por la disminución en 2 mil 400 millones de pesos del presupuesto.

También se involucró en el caso del programa de Estancias Infantiles al que le quitaron 2 mil millones de pesos y se dispuso que el dinero se entregara directamente a los padres de familia. Según la CNDH, las medidas pueden restringir el derecho de los niños a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral.

Además, señaló las fallas en el trato a los migrantes, porque percibe que la política de brazos abiertos del gobierno dio paso a una más restrictiva, mientras la infraestructura y los recursos humanos para atenderlos están rebasados.

La CNDH también se unió al bloque de organismos que veían con sospecha la creación de la Guardia Nacional y estuvo presente en la batalla por garantizar que el nuevo cuerpo de seguridad tuviera un mando civil y no militar.

En el informe que el presidente no recibió se señala que 2018 fue un año crítico para los derechos humanos. Prevalecieron la desaparición de personas, la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y el abuso de los migrantes, las fosas clandestinas, la violencia de género, la trata de personas, los ataques y homicidios contra periodistas y defensores de derechos humanos. Autoridades militares y civiles siguieron vulnerando los derechos de la gente.

Pero en lo que va de 2019, puntualiza el documento, siguieron los homicidios, la diversificación del crimen organizado, los feminicidios, las muertes de periodistas, los casos de linchamiento, las agresiones y asesinatos en contra de policías y miembros de las Fuerzas Armadas.

A esto se suma la descalificación de las organizaciones de la sociedad civil, de grupos de periodistas y comunicadores, y la necesidad de prevenir discursos que polaricen o dividan a las personas.

Para el ombudsman, en la medida en que se debilitan las instituciones “se abre la puerta para que la actuación del Estado sea más discrecional y la vigencia de las normas se diluya”. Le recuerda al presidente que las instituciones conforman un medio de control para evitar las arbitrariedades desde el poder.

López Obrador no ha querido polemizar con el defensor, pero su decisión de no escucharlo en público refuerza lo que ya ha demostrado: no le gustan los contrapesos. También remite, una vez más, a aquella frase que soltó afuera del Palacio Nacional en 2014: “Al diablo con sus instituciones”.

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