Villa Panamericana: ¿hechos consumados?

“A lo hecho, pecho” es el refrán que se utiliza para asumir las consecuencias no deseadas o negativas de una determinada acción, con la que se acepta la responsabilidad y se pretende poner algún tipo de remedio. Esto que se aplica a nivel individual, cuando se traslada a las acciones realizadas por una instancia gubernamental, se convierte en asumir las consecuencias de yerros administrativos y/o jurídicos, y reconocerlos como hechos consumados.

En los años recientes, las administraciones gubernamentales de Jalisco han incurrido en la realización de acciones que han provocado serios perjuicios (personales, patrimoniales, ambientales) a los habitantes del estado, entre los que destacan la construcción de la Presa El Zapotillo y el conjunto habitacional de la Villa Panamericana. Ambas edificaciones, que en su momento fueron objeto de señalamiento por las consecuencias desastrosas que provocarían y cuyas advertencias fueron ignoradas por los gobernantes de entonces, con el argumento mencionado, el gobierno en turno pretende llevarlas a su conclusión.

En el caso de El Zapotillo, el gobierno estatal se ha enfrentado con la resistencia de los pobladores y su rechazo a la inundación de sus hogares, además de la intervención del gobierno federal, que se ha mostrado abierto a tomar en consideración el sentir de los pobladores, y que ha tomado la determinación de estudiar a mayor profundidad el asunto.

No es el caso de la Villa Panamericana, ante la cual el gobierno estatal solamente enfrentaría al gobierno municipal y a un grupo de activistas y organizaciones de tipo académico que han manifestado su rechazo a convertirla en viviendas de uso habitacional. El anuncio, hace unos días, de su venta a la empresa Green Life Capital generó una serie de reacciones y posicionamientos, entre los que destaca la negativa de Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, de otorgar permiso de habitabilidad a las viviendas, lo que pondría en entredicho la viabilidad del contrato de compra-venta. Además, el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco ordenó detener la venta.

Este martes, mediante un video que circuló por redes sociales, Enrique Alfaro expuso en un tono defensivo y a lo largo de 14 minutos el posicionamiento de su gobierno frente a este tema. Recordó, sin mencionar por su nombre, a las autoridades responsables, tanto estatales como municipales, de una acción a la que calificó como “crimen ambiental y traición a los intereses de los trabajadores del estado”; asimismo, aclaró que el uso habitacional ya había sido concedido por dos administraciones distintas, en 2009 y en 2011. Recordó que de “las 980 hectáreas que compone el polígono de El Bajío, un total de 315 están totalmente urbanizadas, de las cuales sólo 16 corresponden a la villas panamericanas”. Aludió a que el objetivo principal era recuperar la inversión de los trabajadores y como el argumento central para justificar su resolución, anunció el Decreto de Recuperación de Zona Ambiental, que a su parecer garantizaría la viabilidad de los acuíferos y evitar más cambios del uso de suelo. En El Bajío, “no habrá un permiso de construcción más”, sentenció.

Empero, a pesar del decreto, la venta de la Villa y su uso habitacional están lejos de concretarse como un hecho consumado. En rigor, el decreto no plantea soluciones a los problemas (infraestructura, movilidad, servicios) que provocaría la ocupación habitacional de los 650 departamentos. Por lo pronto, el presidente municipal de Zapopan, mediante un tuit, reiteró su negativa a otorgar licencias de habitabilidad para vivienda. También hay organizaciones que rechazan un carpetazo y exigen un deslinde de responsabilidades. Pero hay otros grupos de activistas que, retomando el refrán que reza “a grandes males, grandes remedios”, se inclinan por su demolición.

@fracegon

JJ/I