Vinculan a proceso a ex titulares de Sedis

Al vincularlos a proceso penal, un juez reiteró ayer las medidas cautelares impuestas el miércoles a tres ex titulares de la extinta Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), acusados de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Tras una larga audiencia –inició ayer a las 11:37 y concluyó a las 21:20 horas–, ayer se determinó que Salvador Rizo Castelo, Miguel Castro Reynoso y Daviel Trujillo Cuevas, ex secretarios de la dependencia, no podrán salir del país y están obligados a presentarse en el edificio de juzgados penales de oralidad de Puente Grande cada mes hasta el 14 de enero de 2020.

También estarán bajo resguardo domiciliario, es decir, deberán permanecer en sus domicilios salvo para realizar actividades indispensables como ir a trabajar o atender alguna emergencia.

Los tres están señalados como responsables de permitir que una serie de organizaciones de la sociedad civil se beneficiaran de recursos en forma de subsidios aunque tenían entre sus integrantes a servidores públicos, lo cual estaba prohibido en las reglas de operación.

La decisión del juez Juan Paulo Dávalos Navarro de vincular a proceso a los imputados no implica que hayan incurrido en una responsabilidad penal, sino que hay elementos suficientes para establecer que se cometió un delito y que podrían estar implicados en el mismo.

Uno de los puntos que el juez se abstuvo de resolver fue el probable dolo de los imputados respecto a la conducta tipificada como delito.

LARGA AUDIENCIA

Durante la audiencia de ayer, reanudada tras un periodo de 144 horas solicitadas por la defensa, los abogados de los ex funcionarios presentaron a dos testigos.

Una testigo, ex funcionaria de la Sedis, declaró que no era responsabilidad de los secretarios cerciorarse de que las organizaciones que solicitaban los recursos cumplieran con los requisitos, pues para ello había una dirección de área que a su vez estaba bajo el control de una dirección general.

También recalcó que las decisiones de asignación de recursos pasaban por tres filtros antes de la firma de los convenios, pues primero una instancia recibía las información, después se evaluaba a los participantes a partir de criterios establecidos y se ponderaba de manera colegiada para asignar de acuerdo a una calificación y techo presupuestal.

Otra testigo, una perito técnico que realizó una valoración de los resultados del programa de subsidios a organizadores civiles, enfatizó qué el comité encargado de asignar los recursos tenía la facultad optativa de solicitar información a los interesados, mas no estaba obligado a ello.

La siguiente audiencia podría desahogarse a partir del 14 de enero, aunque en tanto es posible que la defensa negocie un juicio abreviado con pena reducida si los imputados aceptan su responsabilidad.

Fecha límite

La investigación complementaria concluirá el 14 de enero de 2020

JJ/I