El enredo de Ayotzinapa

No hay crimen perfecto, sino investigaciones mal hechas, me dijo el doctor José Manuel Reverte Coma en una entrevista que le hice en su laboratorio de Madrid, en 1996. El antropólogo forense adquirió notoriedad por contribuir a resolver complicados casos criminales que habían ocurrido años antes y en los que las evidencias eran muy pocas, a veces apenas algunos huesos de las víctimas.

Su propia práctica demostraba su dicho; la investigación científica puede resolver los crímenes a menos, también me explicó el forense, de que haya intereses poderosos que busquen esconder la verdad. En estos casos son las mismas autoridades quienes entorpecen las investigaciones. En nuestro país esto suele ocurrir en muchos casos relevantes.

Hace una semana se cumplieron ocho años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero. Se esperaba que el aniversario fuera la oportunidad para tener más luz sobre lo que sucedió aquel día, pero ocurrió lo contrario; se dieron versiones distintas incluso al interior del mismo gobierno y hubo hechos que hacen aún más espesa la bruma que cubre el caso.

En el preciso día del aniversario de la desaparición de los normalistas se dio a conocer la renuncia de Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA).

El funcionario, que durante tres años y tres meses encabezó la investigación, renunció luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) cancelara 21 órdenes de aprehensión de 83 que había solicitado contra personas presuntamente vinculadas a la desaparición de los normalistas. Entre ellas había 16 destinadas a militares.

Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que había diferencias entre la Fiscalía y la unidad especial y dijo también que su gobierno está recibiendo muchas presiones en torno al caso.

Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que la Fiscalía General de la República no ha cooperado suficientemente con sus investigaciones y que incluso obstaculizó el trabajo de la propia unidad especial. También señaló que el Ejército se ha negado a proporcionar toda la información que se le ha requerido, pese a las órdenes que en este sentido giró López Obrador.

Los expertos internacionales también dijeron que la renuncia de Omar Gómez retrasará entre tres y cinco años las investigaciones. Además, este grupo designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha puesto en duda los chats que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, presentó el 22 de agosto cuando dio a conocer un nuevo informe sobre el caso.

Encinas, además, es cuestionado por los defensores de los cuatro militares presos por el caso, quienes afirman que las detenciones se basaron únicamente en las declaraciones de un criminal y que no hay ninguna otra prueba que los incrimine. Afirmaron también que el informe gubernamental “se encuentra plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones”. Los litigantes anunciaron que podrían incluso denunciar al subsecretario.

Así de enredado está el caso Ayotzinapa y aunque se han dado a conocer nuevos datos no hay todavía claridad suficiente sobre lo que ocurrió. Existen diversos informes elaborados por varias instituciones, investigaciones periodísticas, libros y documentales que muestran versiones distintas y, a veces, contradictorias.

Aunque como decía el forense José Manuel Reverte una buena investigación científica podría dar cuenta de lo que realmente ocurrió, en el caso Ayotzinapa hay varios intereses en juego. Algunos de ellos, muy poderosos, harán lo posible por que la verdad no se sepa. Igual que en muchos otros casos similares.

Ayer se conmemoró el aniversario número 54 de la masacre en Tlatelolco. Aunque cada vez hay más información sobre lo que sucedió aquel día, todavía quedan zonas oscuras. Me temo que algo similar puede ocurrir con el caso Ayotzinapa. Es posible que dentro de 50 años se sigan preguntando qué pasó realmente.

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