Sí se podría cancelar contrato con WEP

La iniciativa que elimina el Programa de Verificación Responsable (PVR), avalada esta semana en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, establece un fundamento jurídico para que el gobierno estatal pueda cancelar el contrato vigente con la empresa concesionaria de la estrategia, Worldwide Environmental Products (WEP), y sustituirlo por un nuevo modelo denominado “afinación ciudadana obligatoria”.

Así lo refirió la diputada morenista Itzul Barrera Rodríguez, promotora de la reforma y quien en entrevista sostuvo que el contrato actual, firmado por la administración estatal anterior, incluye una cláusula que permite su terminación anticipada en caso de que cambie el marco legal que da origen al PVR. Esa disposición, explicó, es el eje central que da viabilidad jurídica a la propuesta.

La diputada recordó que el contrato con WEP contempla pagos anuales cercanos a los 900 millones de pesos, recursos públicos que se entregan a la empresa aun cuando gran parte de los vehículos no acude a verificar. Esta situación, dijo, representa una carga financiera para el Estado y una falla estructural del PVR.

El nuevo modelo que propone la diputada sustituiría los verificentros concesionados por una red de talleres mecánicos certificados que realizarían la afinación vehicular bajo la supervisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet). El objetivo es generar un esquema más participativo, donde los ciudadanos y pequeños prestadores de servicios sean parte activa del control de emisiones.

Aunque la aprobación en comisión representa un avance legislativo, el dictamen aún deberá ser discutido y votado en el pleno del Congreso, donde se definirá si el Estado podrá aplicar este recurso legal para rescindir el contrato sin incurrir en sanciones. En caso de aprobarse, el Gobierno tendría que establecer los mecanismos administrativos y presupuestales para implementar el nuevo programa a partir de 2026.

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