Nicaragua aplicó una represión generalizada

CIUDAD DE MÉXICO. El gobierno de Nicaragua aplicó amplias medidas de represión que se extendieron de las calles a los tribunales durante los cuatro meses de protestas contra el presidente Daniel Ortega, apuntó un informe de Naciones Unidas.

El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno de Ortega a detener de inmediato la persecución de los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.

Más de 300 personas murieron desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. A la vecina Costa Rica llegaron miles de peticiones de asilo de personas que huyen del país.

El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puertas cerradas. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.

“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apuntó el informe.

El máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo a reporteros en Ginebra que la "represión y las represalias contra los manifestantes siguen en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado”. Además, instó a la comunidad internacional a tomar “acciones concretas para evitar que la crisis actual en Nicaragua derive en una agitación social y política más profunda”.

El gobierno de Nicaragua rechazó el contenido del informe al que consideró “improcedente” y lleno de afirmaciones sin más base que fuentes y medios de comunicación adversos al Ejecutivo.

Además señaló que la misión del organismo no fue invitada para hacer una observación con fines de verificar el estado de los derechos por lo tanto el contenido del informe es el resultado de un trabajo que se ha extralimitado en sus alcances y que incluso violenta la soberanía nicaragüense.

“El informe es parcializado y sesgado con afirmaciones subjetivas”, dijo el gobierno de Ortega en un comunicado en el que lamentó que en el documento no se haga ninguna referencia al intento de golpe de Estado del que, afirma, ha sido víctima por parte de “grupos interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional”.

El Ejecutivo nicaragüense ha negado los excesos en el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes.

A mediados de abril, jubilados y estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la Policía antimotines. El mandatario retiró los cambios, pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.

Estudiantes universitarios de todo el país lideraron las protestas y tomaron el control de varios campus. En julio, el gobierno movilizó a fuerzas civiles fuertemente armadas que trabajaron con la policía para despejar las barricadas levantadas en autovías estratégicas y en algunos vecindarios.

Hubo un breve diálogo entre el gobierno y los opositores pero Ortega acusó a los obispos que mediaron en el proceso de formar parte de una conspiración para dar un golpe de Estado y los contactos no se reanudaron. El presidente culpó a agentes internacionales y a enemigos internos de conspirar para derrocarlo y dijo que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021.

Las protestas siguen, pero son más pequeñas ya que los líderes estudiantiles fueron detenidos o forzados a esconderse o exiliarse.

“En la actualidad no existen las condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, apuntó el reporte de la ONU.

El equipo de la ONU alcanzó sus conclusiones pese a los obstáculos del Ejecutivo. Los investigadores no pudieron acceder a agencias gubernamentales relevantes ni acudir como observadores a vistas judiciales de acusados de delitos que iban desde crimen organizado a terrorismo por su participación en las protestas. Cuando intentaron viajar fuera de la capital, Managua, el Ministerio de Exteriores se lo impidió alegando razones de seguridad.

Las detenciones arbitrarias se realizan sin órdenes de arresto o cateo, según Naciones Unidas. Los detenidos suelen estar incomunicados durante días hasta que sus familias averiguan donde están retenidos.

The Associated Press reportó este mes que estudiantes que participaron en las manifestaciones fueron detenidos, golpeados y torturados por policías y civiles armados. Una alumna embarazada fue golpeada pese a comunicar su situación a sus captores y acabó perdiendo al bebé.

Cuando algunas familias presentaron peticiones de habeas corpus ante los tribunales en un intento por dar con sus parientes desaparecidos, los casos se asignaron inicialmente a jueces fallecidos, de acuerdo con el informe de la ONU. Los investigadores del organismo creen que esta táctica buscaba demorar los procedimientos.

El lunes en la noche un juez condenó a dos jóvenes por el asesinato del periodista Ángel Gahona el 21 de abril. Su viuda, Migueliuth Sandoval, dijo que los dos hombres son inocentes.

“Este fallo es humillante. No nos hace justicia porque sabemos que estos muchachos no acabaron con la vida de mi esposo, que quienes en verdad lo hicieron son miembros antimotines de la policía porque hay videos que así lo indican”, explicó Sandoval.

JJ/I