Polución en el Santiago sigue pese a muertes

Durante 2019, 14 personas (dos de ellas, niñas) han muerto por enfermedades relacionadas a la contaminación que prevalece en el río Santiago, denunció el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto.

Desde el fallecimiento del niño Miguel Ángel López Rocha, ocurrido el 13 de febrero de 2008 a causa de los altos niveles de arsénico que se almacenaron en su cuerpo tras caer al río 19 días antes, la organización ha llevado un registro de las afectaciones a la salud de los pobladores de la ribera.

Los números son, por decir lo menos, desgarradores: mil 231 muertos, 973 personas con afectaciones renales (533 con diagnóstico de insuficiencia renal crónica terminal) y 254 personas con algún tipo de cáncer. Si se añaden los daños como la presencia de problemas respiratorios, cardiovasculares, digestivos y de la piel, los afectados suman 4 mil 29 personas. A todos ellos se les ha negado uno de sus derechos más básicos: el de la salud.

Éste es uno de los puntos básicos que, según la recomendación 12/2010 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tras la muerte de Miguel Ángel, deberían resarcir las autoridades involucradas, pero de la que poco se ha cumplido.

“Nos llama mucho la atención que esta nueva administración, los primeros días, entró con fuerza a defender el río Santiago, (pero) no ha hecho mención a esa importante macrorrecomendación puesto que hoy ellos deben impulsarla, deben de complementarla, creo que pasó de noche (…) Nos preocupa porque si así va a ser la indolencia nos esperan seis años muy largos y muy tristes”, lamentó Raúl Muñoz Delgadillo, quien preside el comité.

LLAMAN A INVOLUCRAR A COMUNIDADES

Tras la presentación por parte del gobierno del estado de su denominada Estrategia Integral de Recuperación del Río Santiago, dada a conocer en diciembre, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec) hizo, mediante una misiva, un llamado al titular del Ejecutivo a que permita “una revisión pública” de la misma en la que se permita la participación de las comunidades afectadas, así como de organizaciones y especialistas.

A decir de María González Valencia, coordinadora del instituto, esto resulta imprescindible toda vez que han detectado múltiples carencias en el proyecto gubernamental. Principalmente, se critica que no se considere la regulación de las descargas industriales que compañías nacionales y transnacionales continúan haciendo al afluente y que se hable de un "autocuidado" de la salud por parte de los pobladores de las zonas contaminadas.

“No reconoce que enfrentamos un grave problema de salud pública en Jalisco, ocasionado por contaminación ambiental y del agua; se centra en la atención médica para la detención temprana de enfermedades y no contempla las epidemias existentes. Aborda el control de fertilizantes y plaguicidas tóxicos, pero no la atención de sus efectos y en el de sustancias peligrosas vertidas al río por las industrias, como el arsénico que mató al niño Miguel Ángel. En el control de insectos, en la vigilancia epidemiológica pero no incluye estudios integrales a la salud”, manifestó la activista.

Otros de los huecos de la iniciativa incluyen el no contemplar planes de emergencia sanitaria; no visibilizar la atención de impactos diferenciados a la salud de niños, niñas y mujeres; ni considerar la necesidad de la reparación integral de los daños, la infraestructura de salud necesaria y los medicamentos y tratamientos de carácter urgente que requieren las poblaciones enfermas para evitar morir.

Mientras la inacción de las autoridades continúa, hoy, Miguel Ángel tendría 19 años.

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FRASE

“Nos preocupa porque si así va a ser la indolencia nos esperan seis años muy largos y muy tristes”
Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del comité

“(El gobierno estatal) no reconoce que enfrentamos un grave problema de salud pública en Jalisco, ocasionado por contaminación ambiental y del agua”
María González Valencia, coordinadora del Imdec

JJ/I