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¿Para espiarnos?
A creerle
Eran más cuerpos. En septiembre de 2018, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) enfrentó una crisis por la acumulación de cadáveres sin identificar en sus instalaciones y en dos cajas refrigerantes de tráileres, a partir de la cual la anterior administración tuvo que actuar y determinar que, en total, había 444 personas fallecidas sin reconocer; sin embargo, la problemática fue peor según la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), instancia que ayer informó que en total fueron 605 cuerpos los que permanecieron entre cinco meses y 3 años y medio en la institución.
La anterior administración, a cargo de Aristóteles Sandoval Díaz, informó en septiembre que había 273 cadáveres sin identificar en una de las cámaras refrigerantes, 122 más en el IJCF y 49 más en un segundo contenedor refrigerante para dar un total de 444.
Sin embargo, la CEDHJ precisa en su informe que “inició de oficio 380 actas de investigación, una por cada persona fallecida no reclamadas, y, en consecuencia, igual número de quejas. Además, 64 quejas respecto a las personas fallecidas que fueron reclamadas por sus deudos, 109 quejas de la segunda etapa de inhumaciones y 52 relativas a inhumaciones de nonatos y neonatos”, es decir, 605 cuerpos.
En una primera etapa, la comisión observó el proceso de inhumaciones del 22 de septiembre al 7 de diciembre de 2018, aunque también refiere que se instaló de manera permanente en el IJCF del 17 de octubre de 2018 hasta el 18 de febrero.
Las 380 personas referidas se encontraban en los contenedores refrigerantes y en el IJCF, y fueron inhumadas en el Panteón Guadalajara; 64 se entregaron a sus familiares; 109 se llevaron al Panteón 3 de El Salto, y los nonatos y neonatos se inhumaron en el Panteón Paraíso Eterno, en Zapopan. De éstos últimos, “se desconoce cómo llegaron a esas instalaciones y no hay ningún dato para vincularlos a alguna indagatoria”.
Por el tiempo que pasaron en las instalaciones de Ciencias Forenses, la instancia de defensoría determinó que se violaron derechos humanos a la dignidad post mortem y a las víctimas indirectas.
UN INFORME Y UNA RECOMENDACIÓN
Tras ocho meses de análisis a partir de la noticia de un tráiler con caja refrigerante que transitó por la zona metropolitana con cuerpos sin identificar, la defensoría pública reveló ayer la recomendación 10/2019 y un informe especial, los cuales detallan una serie de irregularidades que atribuye mayormente al IJCF y a la Fiscalía Estatal.
En primer término, en el Informe Especial 2019 atribuyó el origen de la crisis a la falta de cuidado en las investigaciones ordenadas por las y los agentes del Ministerio Público de la entonces Fiscalía General del Estado (FGE) para lograr la identificación de personas fallecidas y de personas fallecidas no reclamadas (PFNR).
La ausencia de cuidados ocurrió previo a la contingencia, precisó el titular de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón, lo que ocasionó rezagos en la identificación e inhumación de más de 600 fallecidos.
El ombudsman precisó que las investigaciones relacionadas a los muertos sin reconocimiento por parte del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, “no se apegan a los estándares establecidos por los instrumentos internacionales, los protocolos y la jurisprudencia en la materia”.
En sus investigaciones, 85 personas fallecidas “difícilmente podrán ser identificadas porque no tuvieron las condiciones adecuadas de preservación ni de almacenamiento”, lo que provocó la desaparición de datos relacionados a fechas de ingreso, lugares de hallazgo y hasta el número de carpeta de investigación.
En la recomendación 10/2019, el ombudsman llama al titular de la Fiscalía de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, y al encargado del despacho del IJCF, Gustavo Quezada Esparza, a reconocer las omisiones e indebidas actuaciones de servidores públicos, así como a ofrecer una disculpa pública a familiares de personas desaparecidas, colectivos y comunidad en general.
Ambas dependencias, agregó el ombudsman, deberán implementar acciones y gestionar recursos para que funcionen los órganos relacionados con los procesos ministeriales, de identificación, inhumación y búsqueda de personas “para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse”.
Además, deberán agotar lo necesario para identificar a las personas fallecidas en resguardo del IJCF y de la Fiscalía que no cuenten con datos y dictámenes periciales para su identificación.
Horas después de la emisión de la recomendación, la Fiscalía de Jalisco informó: “En este momento (se) está realizando una revisión puntual del contenido de la misma en conjunto con las otras dependencias señaladas en la misma. Una vez que concluya dicha revisión estaremos en condiciones de dar una postura oficial en relación a la misma”.
INHUMACIONES, MÍNIMAS
Tras la contingencia de septiembre, la CEDHJ contabilizó 470 personas fallecidas sin identificar en el IJCF, cifra que obtuvo el organismo a través de notas periodísticas, no del instituto. Del número, sólo se han inhumado 40 personas hasta el 9 de mayo.
La dictaminación de los 40 casos se ha hecho en nueve sesiones de trabajo de la comisión de inhumación que se instaló apenas a mediados de febrero, dos meses después de su disolución con la llegada del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.
NÚMEROS
380 personas fallecidas no reclamadas halló la CEDHJ en Ciencias Forenses en una primera etapa
64 más fueron reclamadas por sus deudos
109 más se encontraron en una segunda etapa
52 corresponden a inhumaciones de nonatos y neonatos
Ante un escenario en el que hay más de 400 cadáveres sin identificar en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, adelantó que prevé otra crisis.
“Estamos anticipando otra crisis similar si no se actúa de inmediato”, afirmó el ombudsman, por lo que hizo un llamado a mejorar las acciones dentro de la institución y en el propio gobierno estatal.
“En este momento deben reforzarse las acciones con base en las propuestas que hacemos, los propios diagnósticos que ellos realizan. La nueva administración conoce muy bien la estructura y las capacidades que recibieron; tiene que actuar con la debida diligencia, porque de no hacerlo la responsabilidad les alcanzaría. Hoy las autoridades están llamadas a tener las competencias, las habilidades, la empatía, la disposición, la humildad, la sencillez para acompañar a las víctimas en su sufrimiento”, aseveró. Adrián Montiel
Al fiscal estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, y al actual encargado de despacho del IJCF, Gustavo Quezada Esparza
A la contralora estatal, Teresa Brito y al
Al fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar
JJ/I