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Siempre mintió
El abogado de Ovidio
Cien crímenes de odio, entre estos 52 transfeminicidios contra la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT), denunció el secretario de asociación civil Unión Diversa de Jalisco A.C., Carlos Becerra Ramírez.
El representante destacó que desde 2007 a la fecha se han presentado diversos hechos violentos y, simultáneamente, los legislativos de las administraciones pasadas no han resuelto el tema de la identidad de género, ni la tipificación de crímenes de odio como los transfeminicidios, lesbofobia, bifobia u homofobia.
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La suma de agresiones incrementó en 36 casos en el periodo de 2016 a 2019, donde destacan los asesinatos de personas trans. En estos crímenes, las dos alertas de género, la Alerta de Violencia contra las Mujeres y la Alerta de Violencia de Género no se nombran a mujeres lesbianas ni trans por lo que Carlos Becerra las calificó de "heteroalertas"
Además, de acuerdo con el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el promedio de vida de las mujeres transgénero es de 35 años promedio, pues está atorada la ley de identidad y no se garantiza la identidad de las personas transgénero, además que no hay resguardo de actas de nacimiento.
También continúan las terapias de conversión de personas homosexuales con las cuales de garantizan que "curan una enfermedad, no hay una patología" dijo Carlos Becerra y explicó que tales torturas son equiparables con tortura.
Quienes más acuden son los menores de edad por iniciativa de los padres. Ahí pasan por una serie de maltratos "sin desayunar, sin comer, los dejan orando, los abandonan varios días, es una tortura psicológica" donde les reiteran el discurso sobre su desviación y la contradicción de su conducta con dios.
Estas clínicas que ahora operan de manera clandestina "fueron apoyadas oficialmente por el gobierno de Emilio González Márquez a través de una asociación civil", relató el secretario de Unión Diversa y por lo cual presentaron una denuncia pues descubrieron que detrás de las clínicas había grupos religiosos.
Por su parte, la directora de la Marcha del Orgullo, Fascinación Jiménez, destacó que legalmente operan 30 establecimientos y una cantidad no determinada de sitios que justifican su existencia como centros de rehabilitación para tratar la adicción de las drogas.
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En la Marcha del Orgullo del próximo sábado la comunidad celebrará derechos ganados y reclamará la carencia de instrumentos legislativos específicos que atentan contra las garantías como la identidad y la seguridad.
Entre los avances reportados a favor de la comunidad van mil parejas casadas y más de 500 personas que han realizado su cambio de identidad y de género jurídicamente.
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