Niños de El Salto y Juanacatlán: información que les ocultaron 

Expusieron a la población afectada al ocultar información sobre los riesgos para su salud. No revelaron lo que sucedía, a lo que se enfrentaban sus organismos, de la toxicidad que los enfermaba y enferma a miles de niños de cuatro municipios: El Salto, Juanacatlán (la cabecera municipal y La Cofradía), Tonalá (Puente Grande y segunda sección de la Colonia Jalisco) y Guadalajara. Me refiero a las autoridades de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y la Secretaría de Salud durante los sexenios de los gobernadores Emilio González Márquez y Aristóteles Sandoval que, a pesar de las denuncias de familias y organizaciones de la sociedad civil, no dieron a conocer cómo la catástrofe ambiental del río Santiago dañaba a la población de esas comunidades que carecían de información oficial, precisa, acerca de las graves enfermedades y los riesgos que podían conducirlos a la muerte. No informarles significó dejarlos más vulnerables. ¿Cómo llamarle a eso? 

La información que durante 10 años ocultaron ambas administraciones es la investigación Propuesta metodológica para la implantación de una batería de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto de la presa Arcediano en el estado de Jalisco. La investigación estuvo a cargo de especialistas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la CEA, consta de 341 hojas y tiene fecha de marzo de 2010. Lo obtuvo vía transparencia el reportero Juan Carlos Toral, de Líder Informativo. 

El estudio ofrece detallada información. Por ejemplo, de las prevalencias de exposición a agentes tóxicos identificados en las comunidades estudiadas, señala que los resultados mostraron a la población infantil de Juanacatlán con las mayores prevalencias de exposición a plomo (94 por ciento) y a ácido mucónico (7); los niños de la comunidad El Salto tuvieron las mayores prevalencias de exposición a cadmio (98 por ciento) y COP totales (81), mientras que la comunidad Puente Grande presentó el mayor porcentaje de niños expuestos a mercurio (60 por ciento), la comunidad La Cofradía registró el mayor porcentaje de exposición infantil a arsénico (45 por ciento) y la comunidad Jalisco sección II, al flúor (48 por ciento). 

De sus conclusiones y recomendaciones extraigo un párrafo: “Los escenarios de riesgo sanitario muestran evidencia de los problemas generales de salud, que de manera significativa padecen las poblaciones infantiles que viven en las comunidades que se ubican en alta colindancia con el río Santiago. De acuerdo con esto, las mayores tasas y riesgos de morbilidad se identifican en las comunidades Puente Grande, La Cofradía, Juanacatlán y El Salto, manifestando altas prevalencias en aspectos tales como alteraciones neuropsicológicas (disminución de habilidades cognitivas, bajo aprovechamiento escolar y trastornos del sueño), alteraciones hematológicas, obesidad, padecimientos de la piel, alergias, alteración de las conjuntivas oculares, cefaleas, y siendo importante de resaltar, fuertes antecedentes familiares de neoplasias, diabetes e hipertensión arterial”. 

La información es amplia, validada científicamente, con trabajo de campo. La CEA y la Secretaría de Salud minimizaron indagaciones realizadas por Un Salto de Vida, que documentó los casos de cientos de enfermos envenenados por el río Santiago. Violaron derechos humanos y el derecho a la información. ¿Qué sucedió con los niños que en 2010 fueron parte de la muestra? ¿Cuántos más se enfermaron o murieron? ¿Qué responsabilidad tienen quienes no compartieron la información de la tragedia ambiental y sus repercusiones en los niños y niñas? 

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