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Las bajas donaciones durante la pandemia, el nulo acompañamiento del gobierno estatal y un eventual cierre de albergues pone en vulnerabilidad los derechos de niños y adolescentes, concluyó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tras una encuesta a 38 Centro de Asistencia Social (CAS).
Hay 4 mil 821 niños y adolescentes atendidos en los CAS de los cuales mil 382 están bajo representación e la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, pero 3 mil 389 son ingresos voluntarios que presentan alguna condición de vulnerabilidad, pero cuentan con padres o tutores, mientras que 50 no tienen padres ni tutores.
Fueron encuestados por la Comisión 38 CAS en el contexto de la contingencia sanitaria, de los cuales 36 eran privados y seis de ellos habían cerrado. La institución destacó el nulo acompañamiento del gobierno del estado en muchos de los casos, por lo que hizo un llamado a reforzar la coordinación de distintas secretarías de estado.
La encuesta documentó el cierre de tres albergues o casas hogar en Guadalajara, dos en Zapopan y uno en Ixtlahuacán de los Membrillos.
En los hogares a los que han sido reintegrados existen riesgos por condiciones de extrema pobreza, violencia, adicciones, entre otros, estableció el organismo, por lo que la crisis de los CAS vulnera los derechos de la niñez.
Personal de la CEDHJ realizó un monitoreo de los Cas que, en su mayoría, son instituciones privadas que brindan servicios de alimentación, hospedaje, salud y educación a la niñez vulnerable con proyectos de vida a corto, mediano o largo plazo a través de programas educativos formativos y han tenido dificultades para recibir donativos y acceder a financiamientos.
Entre las familias que recibieron de vuelta a los menores de edad, muchas señalaron dificultades para cuidar que cumplieran con las actividades académicas a distancia por no contar con dispositivos electrónicos o internet.
Entre los CAS que permanecieron trabajando, la mayoría decidieron suspender la participación de colaboradores externos como voluntarios y prestadores de servicio, poner en cuarentena las instalaciones y cancelar visitas de familiares, aunque mantenían comunicación con videollamadas.
Según la encuesta de la CEDHJ, 49 por ciento de los CAS tuvo disminución en donaciones y 2 por ciento no tenían ingresos, 17 por ciento tuvieron afectaciones en el pago de salarios y servicios y compra de insumos.
Realizaban clases en línea o se apoyaban en programas educativos de televisión 31 por ciento de las instituciones y sólo 37 por ciento dijeron no tener problema con el abasto de alimentos, mientras que 21 por ciento buscaba donativos.
En materia de salud, fue 31 por ciento el que dijo no tener problema para brindarla, mientras que 21 por ciento tenían apoyo de centros de salud y hospitales civiles.
jl