Plagado de omisiones, caso de abuso a niña en Puerto Vallarta

Colectivos feministas y de derechos humanos detectaron una serie de omisiones en la investigación de la Fiscalía del Estado contra un funcionario de Puerto Vallarta señalado por el abuso sexual de una niña.  

Por medio de una rueda de prensa virtual, integrantes de los colectivos señalaron que las fallas explicarían el porqué el juez José Luis Solís Aranda decidió no vincular a proceso penal al funcionario por el delito de corrupción de menores. 

El servidor público señalado, identificado como Luis Alonso N, fue detenido por policías municipales el 26 de julio tras descubrir que tenía una menor de edad de 10 años desnuda en su vehículo.  

Sandra Lourdes Quiñones Domínguez, asesora jurídica de la familia de la menor, indicó que la primera de las fallas es que al sospechoso no se le aseguró el teléfono celular en el momento de la detención, objeto que podría haber aportado datos de prueba en la investigación. 

En las indagatorias tampoco se recuperó la ropa del detenido para analizarla por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en busca de otros indicios, ni se realizó fijación de indicios en busca de fluidos dentro del automóvil donde fue localizada la niña. 

Además, no hubo actuaciones ministeriales en el lugar donde fue localizado el vehículo para dar fe de las circunstancias en que fue realizado el hallazgo. 

A todo lo referido se suma que los ministerios públicos y policías actuaron sin perspectiva de género, sin tomar en cuenta el interés superior de la niñez ni los derechos humanos. 

Para Quiñones Domínguez lo ocurrido se trata de una situación representativa de la manera en que se trabajan las investigaciones que tienen que ver con abuso sexual infantil y trata de personas en Vallarta. 

En ese sentido, detalló que cuando los policías municipales atienden un reporte de agresión sexual contra menores de edad hacen presión para que las familias no presenten denuncias. Sólo cuando hay afectaciones psicológicas evidentes se inician investigaciones. 

Sin embargo, añadió, los ministerios públicos hacen lo posible para que las carpetas de investigaciones no avancen, por lo que espera que el caso de Luis Alonso N pueda transformar la situación. 

Ante las fallas, los colectivos encabezados por el Comité para América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) pidieron capacitación para los funcionarios que intervienen en toda la cadena de procuración e impartición de justicia, así como reasignar recursos que se retiraron a las políticas de género. 

Posterior a la rueda de prensa, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) pidió al Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJJ) que el caso de la menor de edad se juzgue bajo una perspectiva de género y anteponiendo el interés superior de la niñez.  

También llamó a la Fiscalía del Estado y al ayuntamiento de Vallarta a actuar conforme a la ley y los convenios internacionales. 

Congelan cuentas bancarias de juzgador y funcionario  

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas bancarias del juez José Luis Solís Aranda. Un día antes fue separado del cargo sin goce de sueldo por orden del Consejo de la Judicatura de Jalisco (CJEJ). 

La instancia federal también bloqueó las cuentas de Luis Alonso N. 

El bloqueo a los activos de ambas personas se hizo a partir de ayer luego de que la unidad de investigación detectara movimientos irregulares en el sistema financiero. 

El 14 de agosto, Solís Aranda decidió no vincular a proceso penal por corrupción de menores a Luis Alonso N. La justificación para no hacerlo fue que la víctima, una menor de 10 años, no sintió placer. 

Pese a librar el delito referido, el funcionario vallartense aún es procesado por abuso sexual infantil. Juan Levario 

EH/I