Quinto Patio

Caras ajadas, desesperadas, de dolor y de angustia. Unidos todos por la pena que embarga a miles de familias y que, por el desborde de la inseguridad en Jalisco, han perdido a un ser querido; hijo, estudiante, esposo, padre. Esta vez, 10 mil personas salieron a las calles tapatías para exigir justicia, motivados por el reciente asesinato de los tres hermanos Luis Ángel, José Alberto y Ana Karen González, pero también por el hartazgo de un gobierno que lejos de dar soluciones, ofrece pretextos y reparte culpas.

Convocados por la UdeG, enfundados en camisas blancas, con fotos de sus desaparecidos, con veladoras, con las ganas por delante de no callarse más, tapizaron avenida Chapultepec, al unísono de ¡justicia! y ¡no están solas! El mensaje del rector general, Ricardo Villanueva Lomelí, fue más que clarito. “¡Déjense de politiquerías!”, exhortó a los tres niveles de gobierno, además de dejar entrever que bastaba ya de echarse la bolita y perjudicar a un pueblo que vive con temor hasta de estar en sus propias casas. Voz alta, rostros cansados, pero con la esperanza de que la paz y la justicia lleguen, al igual que sus hijos, de los que hace meses o quizá años, ya no supieron más.

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El Consejo Ciudadano de Seguridad dirigió un comunicado al gobernador, fiscal estatal y secretario de seguridad (al coordinador general estratégico, Ricardo Sánchez, no lo incluye), donde resume lo que está sucediendo: “Nuestro estado atraviesa por la peor crisis de seguridad que al menos cuatro generaciones haya atestiguado”. Cla-ri-to y di-rec-to. Y añade:

Nos rehusamos a vivir paralizados y sometidos por la delincuencia organizada que ha hecho de la extorsión y la muerte violenta su arma más poderosa, “contra un aparato estatal que no ha podido –o no ha querido– contenerlos y hacer justicia para proteger no solo a las víctimas directas y a sus familias, sino a los cuerpos policiales”. Que las autoridades asuman su responsabilidad y ejerzan el cargo que ostentan. (Después de las protestas, sufrimiento, impunidad, en plenas campañas, ¿quién se va del gabinete?).

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De acuerdo con el gobernador Enrique Alfaro, ahora sí habrá diálogo con las familias de desaparecidos y los colectivos que las agrupan. Al menos eso dijo, que no habrá simulaciones y el discurso de diario que conocemos. ¿Será que esta vez sí lo cumpla? O ¿será solo palabrería?

En un estado número uno en desaparecidos, pasaron más de dos años de gobierno para crear un comité que tendrá voz ciudadana y que, en teoría, podrá aportar a las estrategias de búsqueda. Que así sea. Tiene integrantes con experiencia que han acompañado a las familias en sus luchas.

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Sistematizar la información de las víctimas de masacres en Jalisco fue un problemón para el área de la UdeG que realizó un reporte que define al estado, lea bien, en una situación similar a las zonas en guerra. Primero que nada, pedir la información a través de solicitudes de Transparencia a la Fiscalía del Estado. Luego, encontrar que ni siquiera eran consistentes los datos para todo Jalisco, pues los de la Zona Metropolitana de Guadalajara estaban más completos que los foráneos, según la investigadora Carolina Ojeda.

Aparte, encontró discrepancias entre lo reportado por la Fiscalía y los datos del IIEG (Instituto de Información Estadística y Geográfica) y los de Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). No hay un recuento claro y las cifras se contradicen, pero para los investigadores es signo de que las víctimas de las masacres son la cara visible del fenómeno invisible de las desapariciones forzadas de personas. Total, en asuntos de seguridad hay que revisar si los datos sobre los datos son datos confiables.

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