Las crisis que persisten

La semana pasada se reafirmó el panorama desolador que prevalece en Jalisco. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), el número de personas desaparecidas en el estado rebasa más de 14 mil. Cabe señalar que en los últimos cinco años la cifra de personas desaparecidas en la entidad se cuadruplicó, y al periodo comprendido del 6 de diciembre de 2018 al 14 de septiembre de 2021, mismo que enmarca la administración de Enrique Alfaro Ramírez, corresponden 3 mil 910 personas de quienes no se sabe sobre su paradero. Este número constituye 27.88 por ciento de la totalidad de las personas desaparecidas en el estado, por lo que se puede afirmar que tres de cada 10 personas reportadas o denunciadas como desaparecidas en Jalisco han desaparecido durante este sexenio.

La semana pasada también nos recordó las brutales imágenes de las cajas de refrigeración de los tráileres de muerte con más de 300 cuerpos de personas fallecidas sin identificar en condiciones indignantes, y a tres años de su hallazgo, no existe información clara sobre los procesos de responsabilidad de quienes contribuyeron a los hechos tan aberrantes, ni tampoco se han realizado acciones para atender de manera real las fallas estructurales que han contribuido a la crisis forense en Jalisco.

Persiste la tendencia de no reconocer la responsabilidad en los procesos de identificación forense de la Fiscalía del Estado, y además se mantienen las deficiencias de coordinación interinstitucional, y si bien en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, se reafirmó la obligación de Agentes del Ministerio Público de integrar los dictámenes periciales y realizar los actos de investigación necesarios para dar con la plena identificación de las personas fallecidas y esclarecer los hechos, en la práctica sus acciones se siguen caracterizando por poca proactividad y diligencia. A esto se suma la falta de recursos y personal especializado para hacer frente a la crisis, la ausencia de registros forenses interconectados y constantes hallazgos de fosas clandestinas en el estado, que desde 2018 parecen ser una noticia cotidiana.

Esta grave situación se reafirma con la recién publicada Plataforma Ciudadana de Fosas, un proyecto que registra la cantidad de fosas clandestinas localizadas en el país e integra predicciones sobre cómo evolucionará la crisis de fosas. De acuerdo con dicha plataforma, Jalisco se encuentra entre las entidades con mayor cantidad de hallazgos, junto a Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Veracruz, concentrando en conjunto 58 por ciento del total de las fosas a nivel nacional. Asimismo, el jueves pasado, la titular de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó que en lo que va del año se han encontrado 18 fosas clandestinas con 245 cuerpos.

En este escenario, enfrentamos en Jalisco por lo menos tres crisis en la materia: la crisis de desapariciones, la crisis forense y la crisis de impunidad. Ante esto, deberíamos preguntarnos cuánto tiempo más como sociedad aguantaremos la simulación de la verdad y justicia, la administración del dolor y el compromiso coyuntural del Estado para atender la problemática de desaparición, y de cumplir con las leyes y políticas públicas que se han generado a partir de los esfuerzos incansables de familiares de personas desaparecidas.

Si bien se lograron avances, continúan faltando resultados tangibles. Todavía se requieren acciones integrales para reforzar la búsqueda, investigación y prevención, obligación olvidada por años por parte de las autoridades. Además, se necesitan los procesos de rendición de cuentas, desde las responsabilidades administrativas y penales, lo político y social, hasta evaluaciones de la efectividad de las políticas públicas en la materia. Comenzar a dar respuestas firmes y efectivas a estas crisis es fundamental para que nunca más se reduzca a la persona a un registro administrativo, un número de expediente o una bolsa apilada en un tráiler.

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