¿Y las personas desaparecidas?

Las verdaderas prioridades de una persona o institución se pueden determinar en función del tiempo, dinero y esfuerzo que dedica a cada uno de los asuntos a su cargo. Es obvio, entonces, que mientras más de esos recursos asigna, mayor es la prioridad que le otorga. 

En ese sentido es claro que para el gobierno de Jalisco la atención a la problemática de la desaparición de personas no es una prioridad, pese a que nuestro estado tiene el primer lugar nacional en ese tema, dado que oficialmente se reconoce la existencia de más de 14 mil personas de las que se desconoce su ubicación. 

Lo afirmo porque a pesar de que ya transcurrieron más de seis meses desde que se aprobaron dos leyes que atienden de manera directa esta problemática, el Ejecutivo aún no ha emitido los reglamentos necesarios para hacerlas aplicables. Dichas leyes, dicho sea de paso, son ejemplares a nivel nacional, gracias al esfuerzo de organizaciones de mujeres, como Por Amor a Ellxs y el Colectivo Entre Cielo y Tierra, que, junto con otras organizaciones ciudadanas y académicas, lograron que se corrigieran las serias deficiencias que contenía la propuesta original enviada por el gobernador. 

Elaborar esos reglamentos es algo que requiere tiempo, como insumo fundamental, pero también el esfuerzo de las personas que deberían revisar qué se requiere para que la ley se pueda aplicar, en términos concretos, como, por ejemplo, la manera en que se deben llevar a cabo ciertos trámites, o quiénes deben gestionarlos. Una muestra es que aún no está claro cómo va a operar el banco de datos de los restos de personas sin identificar que se encuentran en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. 

La existencia de ese banco de datos es fundamental, porque podría agilizar enormemente el proceso de identificación por parte de familiares de las víctimas, con lo que les ahorraría mucho sufrimiento, pues por lo menos tendrían la triste certeza de que ya localizaron a su ser querido. Sin embargo, no se ha asignado el presupuesto necesario para su elaboración y puesta en marcha. 

Y ni hablar de la capacitación requerida para que todo el funcionariado público involucrado en la atención a esta problemática pueda hacerlo de la manera más eficiente y efectiva posible. 

En este punto, alguien podría preguntarse por qué ese tema es relevante para alguien que, afortunadamente, no padece del enorme dolor que causa el no tener certeza sobre el destino de una persona amada. A esto podríamos responder que resolver esta problemática de manera integral, es decir, localizando a las personas desaparecidas, reparando el daño que ellas y sus familias han sufrido, y haciendo lo posible para que nadie más padezca algo así, es de interés general, porque las circunstancias que han propiciado que el problema haya alcanzado esas dimensiones, también inciden en la manera en que nuestras autoridades atienden otras problemáticas. 

Vamos, si ante situaciones tan extremadamente dolorosas, que requieren de una solución urgente, nuestras autoridades no quieren invertir ni tiempo ni dinero ni esfuerzo en resolverlas, ¿qué nos hace pensar que querrán hacerlo con otras problemáticas que también nos afectan, pero que no son tan urgentes? 

Y, de hecho, esto nos debería llevar a la pregunta sobre los motivos por los que la autoridad no quiere invertir lo necesario para combatir ese problema. ¿Qué puede resultar más importante? ¿Qué o quién puede tener tanto poder e interés en que esto no se resuelva? ¿Quién y con qué criterios decide lo que es importante en nuestro estado, y a quién le rinde cuentas? ¿Qué podemos y debemos hacer ante esto? 

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