La comisión de la verdad

Una señora que vivía a pocas cuadras de mi casa, en la Ciudad de México, vestía siempre de negro. De mirada triste, semblante apesadumbrado, parecía que poco hablaba. Yo era un adolescente, casi un niño, cuando de vez en cuando la encontraba en las calles de la colonia o la miraba al pasar cerca de su domicilio. El verla siempre de negro me llamaba la atención. Décadas después supe que vestía así porque le desaparecieron y luego apareció asesinado un hijo. Imaginé el dolor de esa madre. El luto la siguió hasta su muerte. 

La violencia política de 1965 a 1990 lastimó a miles de familias del país. El sufrimiento las marcó de por vida. Cargaron una pesada cruz sin que a la mayoría las auxiliara un Simón de Cirene, sin que se acercara una Verónica que les limpiara el rostro; como quienes, en su mayoría mujeres, querían hacerlo con su hijo o hija, esposo, hermano o hermana, madre o padre: quitarles el peso de los maderos y cargarlos ellas, con tal de rescatarlos o rescatarlas del dolor. Las que han muerto sin saber de su familiar, cargaron una cruz emocional hasta el último día.  

Esas heridas siguen lastimando al país. Continúan abiertas. El sufrimiento se hereda; a veces a integrantes de las familias, en ocasiones a quienes se solidarizan como un acto de congruencia política y/o como una convicción humanista. En ese oscuro periodo ocurrieron torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, abusos de poder y una larga lista de violaciones a los derechos humanos. El 2 de octubre de 1968 se repitió los siguientes años, en otras escalas y condiciones, de miles de formas, en diferentes regiones, barrios, calles y pueblos que sustituyeron la plaza de Tlatelolco. El Estado mexicano repitió, una tras otra, violaciones de derechos humanos. 

De ahí que sea necesario conocer qué sucedió en esos 25 años. Esclarecerlo por salud pública. Transparentarlo para fortalecer nuestra endeble democracia. Contribuir a empezar un proceso de sanación de esas viejas heridas. Reconocer lo que ocurrió para evitar que se repita. Aceptar la verdad histórica, ética y jurídica que mande el mensaje de que la impunidad no es tolerada ni ahora ni en el futuro. Impedir que nuevos personajes recurran a la violencia política de Estado para imponer sus objetivos. La paz es posible si como nación cerramos capítulos dolorosos de nuestra historia. 

En esa dirección es importante valorar el decreto que anunció el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para crea una comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos en el periodo de violencia política de 1965 a 1990. Es un paso importante, legal, necesario y legítimo. Anteriores intentos fueron aplastados, censurados, poco valorados y hasta echados al olvido. 

Sin embargo, existen indagaciones académicas importantes, numerosos documentos elaborados por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos y agrupaciones de víctimas, sin dejar de lado el informe especial sobre las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en la década de los 70 y principios de los 80, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y también el ocultado informe final que entregó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. 

Es hora de encarar ese periodo tortuoso y oscuro, reparar los graves daños cometidos, identificar responsables para si aún viven conducirlos ante la justicia, del que pueden salir fortificadas las instituciones promotoras de la paz; dejar de cargar hechos de los que no sean responsables; de con base en evidencias y testimonios documentar lo que sucedió. Conocer la verdad es un derecho. 

Twitter: @SergioRenedDios

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