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Jueces nuevos renunciando
Porque nos la quitaron
Del municipio de Mezquitic, enclavado en el noroeste de Jalisco, a la comunidad Laguna Grande, en Monte Escobedo, municipio de Zacatecas, hay casi 50 kilómetros que, de acuerdo con los actuales navegadores, se viajan en cerca de una hora en automóvil, hacia el este.
Ese trayecto es el que recorrerían seis hombres –dos de ellos, menores de edad– de origen wixárika que salieron de sus hogares el miércoles 22 de septiembre con el objetivo de encontrar trabajo.
Cinco días después, el 27, fueron reportados ante la fiscalía especializada en desaparición forzada, en Zacatecas. Ocho días más tarde, este 5 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de aquel estado liberó un comunicado en el que dio a conocer detalles de este caso.
Hasta este jueves, de acuerdo con las autoridades, tres de los seis desaparecidos fueron encontrados asesinados. Los otros tres (dos adultos y un menor) siguen en calidad de no localizados.
A los dos adultos los hallaron muertos en el tramo carretero de Mezquitic a Monte Escobedo, del lado zacatecano, el 27 de septiembre, el mismo día en que fueron reportados como desaparecidos; al menor lo encontraron el 25 de septiembre, apenas tres días después de haber salido de su lugar de origen. Su cuerpo, reconocido hasta el 4 de octubre por sus familiares, fue localizado en el municipio de Valparaíso, Zacatecas, a unos 60 kilómetros carreteros al norte de Mezquitic.
Nada hay de los otros tres wixaritari.
Hace poco más de tres meses fueron asesinados en Valparaíso dos tripulantes de una ambulancia (un pasante de Medicina de la UAG y el conductor del vehículo de la Secretaría de Salud Jalisco) cuando volvían de Fresnillo, Zacatecas, a Huejuquilla el Alto después de haber hecho el traslado de un paciente. Jamás llegaron a su base.
Fueron agentes de la Policía Preventiva quienes localizaron el automotor y los cuerpos de las víctimas con múltiples impactos de bala.
Nada hay de los responsables de estos hechos.
Durante la primera quincena de mayo, en Teocaltiche –municipio jalisciense colindante con Zacatecas– al menos 600 pobladores huyeron de sus casas luego de un enfrentamiento entre el crimen organizado, el 7 de mayo. Entonces, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco asentó que ello se debía en parte a la escalada de violencia en la zona.
Los habitantes de las comunidades afectadas se refugiaron en la Parroquia del Divino Salvador, en la comunidad Mechoacanejo, donde recibieron asilo y comida.
El gobernador Enrique Alfaro hizo presencia tres días después, “para darle un mensaje de respaldo a su población, pero también uno claro y contundente al crimen organizado que le intenta robar la tranquilidad a Jalisco y que no nos va a intimidar”, dijo en sus redes sociales.
Nada se sabe de los responsables de estos hechos.
Vivir, trabajar o viajar por la zona limítrofe de los estados de Jalisco y Zacatecas se ha convertido en actividad de alto riesgo. No importa si eres un habitante de una comunidad alejada de la cabecera municipal, si eres parte de un pueblo originario en búsqueda de empleo o si viajas en un auto oficial que brinda servicios de salud.
Las carreteras, los caminos, incluso nuestros propios hogares se han convertido en trampas de las que muchos no encuentran retorno.
Las autoridades, de un lado y de otro, lanzan mensajes que parecen ya estandarizados, llenos de palabras como coordinación, cooperación, investigaciones, consecuencias, delincuencia, crimen, apoyo, resguardo o seguridad, entre muchas otras, que cada vez suenan más huecas, carentes de significado.
Mientras, familias enteras intentan seguir sus vidas poniéndolas en las manos de la suerte.
De las Moiras.
Twitter: @perlavelasco
jl/I