Mezcala

No es ninguna novedad decir que en México la impartición la justicia es un privilegio de muy pocos y que en nuestro país la justicia tiene precio. Esto, los mexicanos, tanto en la ciudad como en el campo, lo tenemos claro. Dicen por ahí que este país cambió desde 2018, pero hay hechos que se empeñan en contradecir tal creencia. En el pueblo de Mezcala, un caso entre muchos, se piensa diferente. Hace casi un año, en este mismo espacio clamábamos por que los jueces del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito hicieran justicia a este pueblo. No sucedió así y, por tanto, vuelvo al tema, pero no regreso solo. En esta ocasión esta columna la escribí en coautoría con Enrique Encizo, miembro de la agrupación Un Salto de Vida. 

Como se sabe, el pueblo de Mezcala de la Asunción, comunidad coca, está asentado en la ribera del lago de Chapala. Administrativamente pertenece al municipio de Poncitlán, pero ellos tienen sus propias formas de gobierno y, contra todos los relatos conocidos acerca de los pueblos colonizados hace más de 500 años, existe evidencia de que en 1534, mediante una acción de compraventa, obtuvieron un título virreinal donde se les reconoce el dominio y derecho pleno y a perpetuidad de sus aguas (el lago de Chapala), peces, tierras, cerros y montes. Posteriormente, en tiempos de la guerra de Independencia, fue uno de los primeros pueblos de este país que se liberó del yugo de la corona española. 

Claro, se podría decir que estos relatos son sólo “fantasías descolonizadoras”, pero no es así. En Mezcala fueron aplicadas las formas de explotación y sumisión propias de los colonizadores. Sin embargo, gracias a su identidad y fuerte anclaje a sus tierras y su lago, más temprano que tarde se recuperaron del trauma de la conquista. De aquellos colonizadores sólo quedan los recuerdos, pero, por desgracia, este pueblo de Dios, siempre asediado, ha tenido que seguir luchando contra los colonizadores e invasores de estos tiempos. 

Esta comunidad se opuso a la reforma del artículo 27 constitucional que permitió la incorporación de las tierras comunales al mercado. Ellos hasta la fecha se niegan a vender sus tierras. Pero nunca ha faltado quien, por medios ilegales, se quiera apropiar de su territorio. Es el caso del empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra, quien, desde finales del siglo 20, manipulando al comunero Crescenciano Santana, se hizo pasar por miembro de la comunidad e invadió un predio de aproximadamente 10 hectáreas en la punta del cerro El Pandillo, y ahí donde habitan los guardianes del pueblo y el lago, sobre tierra que se supone protegida (inalienable, inembargable e imprescriptible), construyó una gran finca vigilada por un pequeño ejército privado. 

Es la punta de lanza, dicen los indígenas cocas de Mezcala, para empezar a construir los cimientos de la fragmentación del territorio y de este modo desplazar a los pobladores originarios por gente “urbanita adinerada”. Ellos siempre dicen: no queremos que nos suceda lo que a Chapala y Ajijic. No queremos ser los mozos y sirvientes de nadie. Poseer la tierra y el lago para ellos es vital no sólo porque les proporciona alimento sino, sobre todo, porque su defensa los mantiene dignos y rebeldes. Así han permanecido por siglos y durante los últimos 20 años que lleva el juicio contra el invasor. Eso no cambiará con la sentencia definitiva. La sentencia sólo confirmará si en Mezcala la justicia pudo señorear sobre el lucro, la ambición y vanidad del invasor Guillermo Moreno Ibarra. 

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