Ley General de Comunicación Social

No pago para que me peguen 

José López Portillo 

Históricamente, la relación entre la prensa y la clase política mexicana ha sido muy complicada, y las leyes que la regulan son un reflejo de su evolución. Baste recordar que, hasta hace relativamente poco, el gobierno federal tenía el monopolio de la importación del papel que se utilizaba para imprimir los periódicos, de manera que podía dejar de proveerlo a aquellos cuya línea editorial no era del agrado del gobernante en turno. 

Otra forma de ejercer influencia sobre lo que se escribía o dejaba de escribir en periódicos y revistas era la contratación de publicidad oficial, ya que, por su volumen, se convierte en una muy buena fuente de ingresos para cualquier medio de comunicación. Sin embargo, la manera tan discrecional en que se decidía cuánta publicidad se asignaba, y a qué medios, permitía que el presidente de la República se sintiera dueño de la opinión publicada, como lo refleja la frase atribuida a López Portillo, cuando ejercía ese cargo, al quejarse de que había medios que recibían contratos de publicidad oficial, y, sin embargo, criticaban su desempeño al frente del gobierno. 

Como podemos ver, la ausencia de una regulación adecuada, pone en riesgo varios derechos humanos, en este caso los de libertad de expresión y de acceso a la información, puesto que, en estas condiciones, se puede ejercer la censura de una manera muy discreta, o incluso provocar la autocensura, por lo que, manteniendo la apariencia de que se respeta la libertad de prensa, en realidad se le limita indebidamente. 

Esta situación se pretendió corregir con una reforma constitucional que se aprobó en 2014, pero, como suele suceder, quienes nos representan en el Congreso de la Unión, se contentaron con establecer el principio constitucional, sin elaborar la ley que definiría la manera de llevarlo a la práctica, por lo que siguió siendo una disposición inaplicable. Para corregir esta situación, desde la sociedad civil se impulsó la creación de la Ley General de Comunicación Social, la cual fue aprobada en 2018, a fines de la administración de Peña Nieto. 

Sin embargo, la ley resultó tan deficiente, que la organización Artículo 19, que se dedica a la promoción del derecho de acceso a la información, y a la protección de periodistas, interpuso un amparo en contra de la misma, mismo que fue atendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien dictaminó que esa ley debe corregirse, o en su defecto derogarse. 

Debido a que está en juego la garantía de derechos humanos, la SCJN le dio un plazo razonable al Congreso para cumplir la sentencia, que fue de tres meses, que no ha sido atendido, y se vence el próximo 15 de enero. Así que, a menos que el Congreso consiga una prórroga, existe la posibilidad de que se destituya a quienes presiden las mesas directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, por desacato. 

Lo grave del caso es que se pone en evidencia que garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información no son prioridades para quienes nos representan, pues, por el contrario, parecen querer seguir manteniendo los vicios de siempre. Ante esta situación, es nuestro deber exigir que se cumpla con la sentencia, y si es necesario, que se sancione a quienes no quisieron dar prioridad a nuestros derechos. 

Al respecto podemos retomar la iniciativa ciudadana (bit.ly/3fm4zlr) que presentó en 2018 el colectivo #MediosLibres, que incluye mecanismos para regular la publicidad oficial en México, a partir de estándares universales e interamericanos en materia de libertad de expresión y derecho a la información. 

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