Nuevo sistema electoral

El presidente quiere hacer un cambio completo de régimen político, nuevas reglas para el acceso al poder, otro sistema de representación y una institucionalidad diferente. Una propuesta que tiene muy pocas posibilidades de ser aprobada por la oposición. Estamos presenciando una reforma política de amplio espectro, con muchas implicaciones para el sistema político mexicano. 

Los primeros análisis de la propuesta se polarizaron; para unos es la reforma política que México “necesita” y otros argumentaron su crítica en la “defensa” del INE. 

Quitarle al gobierno el control electoral y construir una institución autónoma fue y seguirá siendo un acierto histórico. La construcción del INE actual es producto de una larga fase de reformas, aciertos y errores. Con logros como los instrumentos de certeza para tener elecciones, como fue un padrón confiable, capacitación, actas, conteos, resultados, etcétera, lo que hay que hacer es mantenerlo. 

En lo electoral son tres las propuestas de gran profundidad, como la creación del instituto nacional de elecciones y consultas (INEC) que supliría al actual INE. La segunda es la desaparición de los organismos electorales locales y de los tribunales electorales locales, que implica la desaparición del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco; y la tercera es cambiar la conformación del Consejo General del INEC, que pasaría de 11 a siete consejeros y la elección de éstos a través del voto popular. Las y los candidatos serían propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Si se mantiene la autonomía del INEC, y a este organismo se incorpora la tarea de realizar consultas ciudadanas, se puede hablar de una buena propuesta, pero que requiere el meditar bien las labores y atribuciones de este organismo, que tiene que dar cabida a muchos procesos. 

Es necesario que los nombramientos de consejeros electorales no sean un reparto de cuotas entre los partidos políticos, pero la especificidad de las labores electorales requiere conocimientos técnicos, por lo que no parece adecuado que la elección sea por voto popular. 

En el caso de la elección de magistrados electorales, por el conocimiento técnico que deben tener y por la autonomía que se debe garantizar, la elección por voto popular es improcedente, ya que existiría un riesgo muy alto de corromper la justicia electoral. 

Elegir por voto popular a consejeros y magistrados tiene un vaho populista. Se reproduciría un resultado similar al de los procesos electorales, en donde el partido mayoritario tendría mayoría en el nuevo INEC y en el Tribunal Electoral. 

La propuesta recoge dos iniciativas ciudadanas, como la reducción de los tiempos en radio y televisión para propaganda electoral, pues hay un hartazgo de la ciudadanía frente a la publicidad electoral, que obligaría a los partidos a ser más creativos y contundentes en sus mensajes; y la segunda, la posibilidad de avanzar en la implementación del voto electrónico, para facilitar el proceso de votación e incorporar los procesos electorales a la era digital. 

Una reforma como esta, que se presenta para disminuir el número de diputados y senadores, reducir el oneroso costo que representan partidos y legisladores, y simplificar los procesos electorales goza, de entrada, de simpatía popular. Particularmente porque la mayoría de la opinión pública no entrará en los detalles de los pros y contras de las medidas presentadas. 

La oposición ya ha adelantado que no aprobará la propuesta del presidente, pero que responderán con su propia reforma. 

Así que nos podemos preguntar desde ahora, como ciudadanos, sobre cuáles serán los usos políticos y las narrativas que se producirán entre los integrantes de Morena y los partidos opositores si no se aprueba esta reforma. Es probable que sea otra campaña más de “traidores a la patria”, con el mismo sistema electoral. 

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