Las omisiones que permanecen

Dentro de los centros penitenciarios lo último que se protege es la dignidad humana. Ante las sistemáticas violaciones de derechos humanos, la población privada de la libertad ha sido invisibilizada, y el abandono del Estado en estos espacios ha contribuido al aumento de autogobierno, impunidad y corrupción, y, por ende, a la espiral de violencia y la falta de seguridad y garantías de los derechos fundamentales.

Una de las referencias que concentra información sobre las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios en México, es el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021, publicado este mes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mismo que a su vez constituye un instrumento relevante para la prevención y denuncia de las violaciones de derechos humanos que se cometen en reclusorios.

De acuerdo con este documento, los centros penitenciarios en el país se caracterizan por la infraestructura deteriorada, con acceso limitado a los servicios básicos tales como agua potable, alumbrado o ventilación, además de ausencia de supervisión. Se resalta que las condiciones de varios reclusorios no sólo obedecen a una deficiencia en la asignación de recursos específicos, sino también a la falta de compromiso de los gobiernos estatales y municipales para frenar y revertir las omisiones. Una conclusión aguda que demuestra la falta de voluntad política y visibiliza la aterradora permisibilidad de las autoridades para asegurar el statu quo.

Cabe señalar que los hallazgos del diagnóstico no distan mucho de lo que han difundido las organizaciones civiles y los organismos internacionales: el Estado ha sido omiso en proteger y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Los centros penitenciarios siguen contando con instalaciones indignas e insuficientes y escaso personal de seguridad y custodia, provocando que las personas privadas de su libertad se conviertan en víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

Lejos de atender de fondo el cúmulo de estas problemáticas que devienen de muchos años atrás, y bajo el falso pretexto de responder a las exigencias ciudadanas de disminuir la violencia e inseguridad, el Estado ha impulsado reformas legislativas y políticas públicas encaminadas a seguir acumulando cada vez más personas en las cárceles, lo que ha llevado a que 45 por ciento de las prisiones en México estén sobrepobladas y que miles de personas inocentes se encuentren encarceladas y sometidas a procesos judiciales de manera injusta.

En este sentido, Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional con mayor número de personas privadas de su libertad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, en la entidad para más de 63 por ciento de las personas privadas de la libertad sus procesos penales no han sido concluidos y no cuentan con una sentencia, evidenciando que las autoridades siguen privilegiando las viejas prácticas de la política punitivista, con el uso de la prisión preventiva como medida cautelar, sin priorizar otras alternativas. Lo anterior reafirma también la percepción social de que la prisión es la única solución, puesto que solamente 53 por ciento de la población conoce que existen otras sanciones además de la prisión.

Los centros penitenciarios en Jalisco también se han destacado por la reiterada comisión de violaciones de derechos humanos como tortura, traslados irregulares, riñas y disturbios que han derivado en las muertes de personas recluidas y del personal penitenciario, mismas que han sido, al parecer, insuficientes para que las autoridades volteen a ver las necesidades de la población privada de la libertad y garantizar sus derechos.

A pesar de denuncias públicas y recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, las respuestas de las administraciones en turno han sido las mismas, desde el encubrimiento de la situación, maquillaje de información, hasta la destitución o cambio del cargo de personas servidoras públicas, sin realizar investigaciones exhaustivas e independientes, y sin verdaderamente reconocer la realidad que se presenta en estos espacios, donde los intereses particulares han importado más que la dignidad humana.

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