La independencia que falta

La semana pasada celebramos en México el 212 aniversario del inicio de la guerra de Independencia. En las principales plazas del país las autoridades rememoraron el llamado del padre Miguel Hidalgo a la insurrección. En las arengas del presidente, los gobernadores y los alcaldes no faltaron los gritos de “Viva la Independencia” y las odas a la libertad.

Sin embargo, a más de dos siglos de distancia de aquellos hechos son miles los mexicanos que viven oprimidos por una nueva tiranía: la del crimen organizado que dispone impunemente de la vida, de la libertad y de los bienes de muchas personas.

Zonas enteras del país son controladas por los delincuentes que gobiernan en esos territorios; cobran derecho de piso, obligan a jóvenes y profesionistas a ingresar a sus filas, violan mujeres, se roban cosechas, ranchos, casas y vehículos frente a la mirada indolente de buena parte de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos mexicanos.

En marzo del año pasado el jefe del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glen VanHerck, afirmó que las organizaciones criminales controlan entre 30 y 35 por ciento del territorio de México y que estas regiones son ingobernables. El gobierno mexicano respondió que la afirmación no es verdadera.

Más allá de los porcentajes y las declaraciones, lo que es un hecho es que hay amplias zonas del país que son regenteadas por el narcotráfico, que se da el lujo de instalar retenes en las carreteras para controlar el acceso a los territorios que han conquistado.

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, entre 2017 y 2021 más de 114 mil personas se han visto obligadas a dejar sus viviendas debido a la violencia. Según esta misma organización, entre 2020 y 2021 se cuadruplicó el número de personas desplazadas por motivos de violencia en el país.

Los reclutamientos forzosos, especialmente de jóvenes, por parte de grupos del crimen organizado han sido documentados por periodistas como Diego Petersen y Alejandra Guillén. Para los muchachos obligados a integrarse a los cárteles no hay libertad ni independencia.

Tampoco la hay para aquellos mexicanos que no pudieron elegir libremente a sus gobernantes en las elecciones del año pasado. Durante el proceso electoral de 2021, 102 políticos fueron asesinados en el país y se registraron más de mil agresiones contra militantes de diversos partidos. En el municipio de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, simplemente no hubo elecciones.

Los mexicanos no somos libres de transitar con seguridad por muchas carreteras de nuestro país. Los habitantes de Mazamitla no pudieron celebrar el “grito” de Independencia por el temor a la violencia de los criminales que operan en la región.

Tampoco son libres ni independientes las mujeres que viven atemorizadas frente a la violencia de género y a la impunidad con la que operan los agresores y feminicidas, ni los comunicadores que son agredidos y asesinados. Solamente en este año han matado a 15.

Miles y miles de empresarios grandes y pequeños se ven obligados a pagar derecho de piso a los delincuentes. Lo hacen resignados porque saben que la denuncia será, en el mejor de los casos, inútil, cuando no contraproducente.

En silencio muchos miles cierran sus negocios y abandonan sus lugares de residencia mientras los criminales se fortalecen día con día y mientras la clase política del país enfoca sus esfuerzos y energía, no a plantear soluciones a éste y otros problemas nacionales apremiantes, sino a la contienda electoral de 2024.

Es urgente recuperar la libertad y la independencia de los miles de mujeres y hombres; niños, jóvenes y ancianos que viven sometidos a la tiranía de los delincuentes.

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