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La libertad de expresión
Sombra
Este año comenzó con varios hechos violentos que muestran el poder con que opera el crimen organizado en nuestro país. Los dos más significativos son la fuga de Ernesto Piñón, El Neto, del Centro de Readaptación Social número 3 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y la captura de Ovidio Guzmán, en Culiacán, Sinaloa. En ambos casos, las autoridades han mostrado también su fuerza y su capacidad de respuesta.
Solamente en los dos primeros días del año se registraron 180 asesinatos en México. De acuerdo con un recuento publicado ayer por El Universal, en lo que llevamos de 2023 van 397 homicidios.
Y mientras los delincuentes asesinan, el futbolista del Cruz Azul Julio César El Cata Domínguez celebraba la fiesta infantil de su hijo con el tema del narcotráfico. Los niños se divertían disfrazados de criminales con armas de juguete, pasamontañas y gorras con nombres de cárteles y narcos.
El primer día del año un convoy de siete vehículos blindados transitó sin problema por calles de Ciudad Juárez. En ellos viajaban 27 delincuentes fuertemente armados que ingresaron a la cárcel. Asesinaron a 17 personas y liberaron a 30 peligrosos reos, entre ellos, a Jesús Ernesto Piñón, líder del grupo de sicarios denominado Los Mexicles.
Tras los hechos, las autoridades federales informaron que en el penal había 10 celdas de lujo y que en la del Neto encontraron, además, una caja fuerte con 1.7 millones de pesos, celulares y varias armas de fuego. Con esa desfachatez operan los criminales.
En agosto pasado un grupo de delincuentes atacó a civiles en esa ciudad fronteriza. Dispararon contra gente común que se encontraban en tiendas y centros comerciales. Las imágenes de tres personas asesinadas en una pizzería causaron indignación, pero los hechos quedaron como una anécdota más en el cada vez más amplio historial de la violencia en el país.
El 5 de enero la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, desató una situación prácticamente de guerra. No sólo en Culiacán, sino también en otras ciudades de Sinaloa.
De acuerdo con la información oficial murieron 29 personas: 10 militares y 19 presuntos criminales; 35 soldados resultaron heridos. Los narcotraficantes robaron e incendiaron más de 250 vehículos para bloquear calles y carreteras. Además, balearon un avión comercial, un avión militar y tres helicópteros al atacar el aeropuerto de Culiacán.
Frente a la magnitud de los hechos, las autoridades locales pidieron a la población quedarse en sus casas. La capital de ese estado se paralizó. Los negocios cerraron y se suspendieron clases en las escuelas. En los hospitales solamente funcionaron los servicios de urgencias. En las carreteras, incluidas las autopistas federales, se impidió el tránsito. En tres aeropuertos del estado cesaron las operaciones durante más dos días.
A pesar del poder de los criminales, las fuerzas militares y policiales reaccionaron. En Ciudad Juárez dieron con el paradero del Neto quien, según la versión oficial, pereció en el enfrentamiento que se suscitó cuando iban a recapturarlo.
En lo que corresponde a Culiacán, los militares consiguieron el objetivo de detener a Ovidio Guzmán, a diferencia del intento que habían hecho en 17 de octubre 2019 cuando los criminales doblegaron a las fuerzas del Estado y lograron que el presidente de México ordenara su libertad cuando ya lo habían capturado.
En ambos casos se ha demostrado que, aún con dificultades, el Estado puede más que los criminales. Pronto sabremos si se trata de hechos aislados producto de la casualidad, en el caso de Ciudad Juárez, o de la presión de Estados Unidos, en el caso de Guzmán, o si el gobierno se decidió finalmente a intentar recuperar el territorio y el poder que los criminales le han ido arrebatando durante décadas.
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