Tlajomulco, MC y fosas clandestinas

El bastión político municipal de Movimiento Ciudadano (MC) en Jalisco es el más horadado, excavado, mancillado, por bandas criminales para inhumar a sus víctimas. Es su cementerio privado. De los 127 puntos de inhumación clandestina en la entidad detectados del 1 de diciembre de 2018 al 31 de enero de 2023, en Tlajomulco de Zúñiga se han localizado 55.

Es decir que de cada 100 fosas clandestinas descubiertas en la entidad, 43 son de Tlajomulco, de acuerdo con cifras totales preliminares de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD). Recordemos que Tlajomulco es gobernado por MC desde 2010.

En Jalisco se han localizado sitios de inhumación ilegal en 16 municipios en el lapso anotado. Ninguno se le acerca mínimamente a Tlajomulco en cuanto al número de lugares en que se entierran personas. En Zapopan, que se ubica en segundo lugar estatal en el periodo referido, se han localizado 18 sitios; en Tlaquepaque, 15; en El Salto, 11; en Tonalá, seis; en Lagos de Moreno, cinco; en Guadalajara y Chapala, cuatro en cada uno; en Ixtlahuacán de los Membrillos, tres; en Juanacatlán dos, y en otros seis municipios con uno cada localidad.

Los tres primeros lugares son municipios gobernados por MC. Es responsabilidad de sus autoridades, con los gobiernos estatal y federal, prevenir y erradicar que se siga asesinando a personas y se oculten bajo tierra sus cuerpos.

Ninguno de los municipios metropolitanos gobernados por MC se salva de aparecer en la fúnebre estadística de los sitios de inhumación clandestina. En ese rubro siguen fracasando. Tlajomulco es el mejor ejemplo.

La aparición de fosas administradas por la delincuencia está ligada a la grave desaparición de personas en Jalisco. De esos sitios se han recuperado osamentas o cuerpos o partes de cuerpos de mil 435 personas; más de una tercera parte, arriba de 400 se extrajeron en Tlajomulco, en cifra que va al alza.

Detrás de las inhumaciones de cadáveres se pueden inferir desde la complicidad de elementos de corporaciones policiales hasta el miedo social. Porque las víctimas son privadas ilegalmente de su libertad (y nadie se da cuenta), trasladadas en vehículos a centros de muerte (y nadie lo nota); para ser torturadas, asesinadas y despedazadas (y nadie oye nada); y si no las entierran en esas fincas, se llevan los cuerpos inertes o sus pedazos, en bolsas (y nadie lo advierte), para luego excavar fosas hasta con maquinaria pesada (y nadie se entera). Con el agravante de que en una misma fosa descargan decenas de cadáveres (y nadie lo ve). Vivimos en un Jalisco donde pareciera que nadie sabe, ni observa, ni se percata. Hay miedo de atestiguar y denunciar.

El colmo es que las células criminales abren fosas hasta a poca distancia de fuerzas de seguridad, como ha sucedido, por ejemplo, en El Salto.

Hay responsabilidad política directa de las administraciones municipales de garantizar la seguridad pública en sus territorios, sin dejar fuera a la fiscalía y fuerzas federales. Los asesinos usan los municipios como su zona de operaciones e impunidad.

Salvo colectivos de familias de las víctimas, el Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas de la UdeG, el Cepad y el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez, SJ, del ITESO, y algunos analistas y medios informativos, pocos se movilizan, alertan o revisan el tema de las fosas clandestinas, como uno de los indicadores de la inseguridad pública que padecemos. Ni partidos políticos, diputados, regidores, senadores, alcaldes o el propio gobernador; no está o escasas veces se asoma en sus discursos y acciones, y menos autocríticamente. Que solo en El Sabino, en El Salto, se hayan exhumado 134 cuerpos; o que en El Mirador II, en Tlajomulco, sacaran de entre la tierra 110 cadáveres, exhibe la pasividad, complicidad y/o ineficacia de quienes gobiernan.

Twitter: @SergioRenedDios

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