La presencia anunciada de la comunicación política

Los tiempos de la definición de las candidaturas presidenciales de los partidos se modificaron de forma sustancial, transformando de forma radical los períodos y los mecanismos administrativos que toca supervisar al INE; sin embargo, la forma en la que se desarrolló, principalmente el proceso de selección en el partido oficial, Morena, y la desarticulación entre sus potenciales candidatos, así como la falta de acuerdo entre ellos, que hacía recordar el tiempo de su antecesor genético, el PRD, en el que los acuerdos no lograban establecerse de forma clara y consensuada, se repitieron en el esquema de sucesión al que se definieron nuevos elementos y condiciones que están marcando procesos inéditos.

De acuerdo con el INE, los procesos de selección de precandidaturas deben arrancar en noviembre y definir las candidaturas hasta diciembre, registrar las candidaturas en enero y el inicio de las campañas a partir de marzo 2024. Es decir, que todo lo que acabamos de atestiguar de las dos coaliciones más importantes en el registro electoral no debería haber ocurrido y le correspondía al INE haber puesto los frenos correspondientes para colocar dentro de la ruta administrativa los procesos.

De esta forma, las intenciones de tres aspirantes a la sucesión presidencial por parte de Morena fueron tan belicosas que un factor con el que no contaban las controversias en la época del PRD fue la intervención presidencial en la conformación del esquema de aspirantes. Se trató del viejo modelo del PRI de los años 40 a los 90, teniendo como factor de calidad al presidente en turno. De esta forma y ante un esquema irreconciliable entre los tres aspirantes se integró un cuarto, el secretario de Gobernación, y se desarrolló el esquema de proselitismo en este frente. Dos partidos aliados reclamaron su participación y entonces se les incorporó y se integraron en la coalición Juntos Hacemos Historia.

La prácticamente inexistente oposición, hasta ese momento, se integró rápidamente en un esquema similar y se estructuró la coalición Frente Amplio por México y, sin tenerlo claro, entre los aspirantes se destacó una figura inesperada y, de esa forma, la senadora Xóchitl Gálvez súbitamente subió en simpatías hacia ella y se hizo con la candidatura, eliminando en el proceso a una inicial lista de 19 aspirantes que se redujo a 13 y, finalmente, a cuatro.

En el proceso, Movimiento Ciudadano salió de la misma forma a establecer su posición, señalando que esperaría los tiempos oficiales.

El tema es la presencia de la comunicación política a la que hemos estado expuestos y que seguirá con excesiva presencia en lo que resta del año y el primer semestre del próximo, como un factor que va a inundar el ecosistema mediático.

Como lo señalan expertos, analistas y responsables de medios, la comunicación política constituye un elemento controlado por los actores que proyectan sus plataformas a través de fórmulas en las que utilizan los tiempos oficiales, pero, sustancialmente, en todos los otros espacios, tecnológicos o tradicionales, que abonen a su proselitismo. En ese sentido, tal y como lo vimos en el proceso que acaba de concluir, la definición del uso de los presupuestos destinados a la promoción política deberían ser un elemento central revisado y sancionado por el INE en la trama propagandística destinada a la elección del año próximo. En términos generales, entre 70 y 80 por ciento de los presupuestos electorales se destinan principalmente en la promoción y propaganda partidista.

La gran pregunta es si el INE actual tendrá la capacidad y visión objetiva de analizar, y sancionar en su caso, este largo periodo de proselitismo político y no, como lo ha hecho hasta ahora, en concentrarse en la calidad de los análisis que presentan los columnistas en el marco de sus opiniones respecto de la realidad nacional.

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