A dos semanas de la elección del Poder Judicial

Prácticamente, en dos semanas, un poco más, estaremos ante la disyuntiva de ir o no las urnas para participar en un ejercicio inédito en la historia de nuestro país, la votación de todo el Poder Judicial que, escalonadamente, entrará en vigor a lo largo del segundo semestre de este año. Se trata de un proceso que no contó con un análisis profundo, con una evaluación objetiva y con una participación, fundamentalmente, técnica, desde el punto de vista de las consecuencias que tendrá la nueva composición de integración del Poder Judicial.

El desarrollo del plan para la reforma judicial no pasó por el análisis técnico-jurídico que se requiere para intentar establecer modificaciones en la estructura de su funcionamiento institucional. La mera consideración de las corrupciones y nepotismo rampante en esa compleja estructura no constituye los argumentos técnicos que puedan sustentar un esquema de modificaciones en la operación del mismo.

El oficialismo, al operar con los votos derivados de la sobrerrepresentación con que cuentan, eliminan de su horizonte una discusión social y técnica que requiere una reforma de tales proporciones. La rapidez con la que se instrumentó esta reforma, que las propias bases del oficialismo señalaron que se trataba de “un regalo” al ex presidente, no cuenta con el análisis jurídico implicado en la transformación de uno de los escenarios institucionales de estratégico peso en la conformación de la división de poderes en nuestro país.

En días pasados, como en una especie de expresión esquizofrénica, el Senado se quejó respecto al hecho de que se habían filtrado en el proceso candidaturas no deseables y, sobre todo, vinculadas con el crimen organizado. Es decir que, eventualmente, existen posibilidades de que esos y, otros perfiles, se encuentren en las boletas y, además, con posibilidades de ganar. Respecto de la queja, el Senado la derivó al INE, que sencillamente señaló que ésta es solamente la institución encargada de generar el proceso electivo, la determinación de quiénes intervienen en la elección, es responsabilidad de los tres poderes y, en el caso de la querella, se trataba del Legislativo. Señalaron, que por el tamaño y proporciones de la estructura que se suscribió para la elección, no estaban en condiciones de resolver todo. Con ello, resulta que las quejas de la falta de condiciones para la operación son responsabilidad de ellos porque fueron la instancia que produjo este esquema de sustitución de una estructura a otra.

Respecto de las candidaturas impugnadas, el INE no pudo hacer nada porque solamente recibió las listas electorales que generaron los tres poderes. La “idoneidad” es responsabilidad de esas instancias rebasadas por sí mismas en la operación. Por otra parte, ante la estimación de que podría participar solamente el 8 por ciento del padrón electoral, nos enfrentamos a un ejercicio de corporativismo funcional en el que las entidades que alleguen el mayor número de votantes serán las que determinen la tendencia de los nuevos funcionarios. El ejercicio democrático requiere frenos y contrapesos que se han desdibujado desde 2018. Los partidos políticos y los espacios de contrapeso dejan un camino libre para que el oficialismo, sin cortapisas, tome las decisiones que considere adecuadas.

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