La reforma y la Lotería Nacional

La canción La vida es una tómbola la tarareó un funcionario en el sorteo que, para definir cuáles plazas del Poder Judicial se elegirán en 2025 y cuáles en 2027, duró alrededor de cuatro horas. Se realizó en el salón de plenos del Senado donde tuvieron que traer un pizarrón para explicar la dinámica difícil de comprender.

Se definieron las plazas, no los nombres de las 350 plazas de magistrado de circuito y 361 plazas de jueces de distrito que estarán en la boleta el 1 de junio de 2025.

Ahí, en el Senado, con bolitas de ping-pong, se decidió el futuro de cientos de juzgadores. No se tomó en cuenta sus carreras. No consideraron si fueron buenos o malos juzgadores, si fueron honestos o corruptos. No se valoraron los años de carrera ni cuántos años llevan en la función judicial. El futuro de hombres y mujeres con familias fue decidido no por su capacidad, sino en una tómbola.

El presidente del Senado con sarcasmo señaló: “De aquí directo a la Lotería Nacional”, palabras sin respeto a las vidas de cientos de profesionales que perdieron su trabajo.

Es el último de octubre cuando los tres poderes de la Unión revisarán y aprobarán si los candidatos inscritos reúnen los requisitos, evaluarán su idoneidad, entrevistarán a los finalistas y nominarán a los candidatos que aparecerán en las boletas.

Una tercera parte los definirá el Poder Ejecutivo, una tercera parte el Poder Legislativo y el último tercio, el Poder judicial. El partido Morena controla los dos primeros poderes, por lo que dos terceras partes de las candidaturas serán definidas por el morenismo.

La Doctrina Social de la Iglesia establece que para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber específico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales.

La conciliación de los bienes particulares de grupos y de individuos es una de las funciones más especializadas y delicadas del poder público, así, especifica:

“En un Estado democrático, en el que las decisiones se toman ordinariamente por mayoría entre los representantes de la voluntad popular, aquellos a quienes compete la responsabilidad de gobierno están obligados a fomentar el bien común del país, no sólo según las orientaciones de la mayoría, sino en la perspectiva del bien efectivo de todos los miembros de la comunidad civil, incluidas las minorías”.

Lo que se observa desde la perspectiva de muchos ciudadanos es la construcción de un nuevo Estado en México sobre la base de controlar los tres poderes, y la militarización de la Seguridad Pública, muy diferente al concepto civil de una república democrática, y de las instituciones civiles que resguardan constitucionalmente los derechos humanos, los derechos colectivos y las garantías individuales.

Una vez desmantelado el actual Poder Judicial, un nuevo Estado de corte más bien populista y no nacionalista se consolidará en el país, con “nuevas” instituciones propias, y con una nueva hegemonía política en México.

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GR