Participación efectiva o discursiva

De pronto la machacona insistencia en la participación ciudadana es sospechosa. Una culpa no explícita parece estar en el sustrato del interés de los políticos cuando la tal participación merece iniciativas legales, debates y, cómo no, espacios eminentes en sus discursos. ¿No estamos en una democracia que incluye la participación de los integrantes del Estado en los asuntos comunes? Los derechos humanos, la transparencia, el derecho a la información y las libertades reconocidas en el pacto constitucional son la plataforma para la intervención de los ciudadanos, también son límite y guía.

No obstante, lo que debía ser consustancial al sistema sospechosamente necesita ser reafirmado por los gobernantes: “El presidente Enrique Peña Nieto deseó que la participación ciudadana reafirme ‘nuestra vocación, nuestra condición democrática que nos ha tomado años construir y venir consolidando’” (La Jornada, 08/06/15); entendemos el concepto que anima al presidente cuando conocemos el contexto en el que se escuchó tan demócrata: la jornada electoral del año anterior; esa participación de cada tres años es el techo del vuelo ciudadano según los partidos políticos y los gobernantes, quienes ponen las reglas, seleccionan a quienes serán electos, deciden el presupuesto, sancionan la elección y aprueban a los ganadores; nuestro papel en ese determinismo, votar, es la incidencia máxima tolerada.

Pero más allá de lo que prevalezca en el ánimo de los poderosos, merced a la modificación del artículo 71 de la Constitución, ahora los mexicanos somos competentes para iniciar leyes o decretos, o sea: podemos practicar la democracia directa. Mediante el instrumento iniciativa ciudadana, o popular, la gente puede mandar al Congreso propuestas de ley; basta reunir firmas de mayores de edad y empadronados, 0.13 por ciento de la lista nominal de electores, algo así como 120 mil. Visto el texto constitucional por encima, pareció un triunfo, pero un siglo de desencuentros entre la teoría y la práctica mantuvo las suspicacias, hasta que otra modificación en la Constitución, el 27 de mayo de 2015, proveyó la coyuntura para poner a prueba el artilugio, lo siguiente fue dar con una causa que moviera al pueblo a legislar; la ganadora fue la corrupción, el mal originario de muchos otros, endémicos, que padecemos.

Un grupo de ciudadanos expertos en distintas disciplinas, representantes de varias y plurales instituciones de educación superior y de organizaciones de la sociedad civil, redactó uno de los ordenamientos que la modificación constitucional de mayo de 2015 exige, el  fruto de su trabajo fue la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas, famosa por su nombre de batalla: ley 3de3. La tesis que detonó su proyecto fue simple: ¿Quién cree que los mismos gobernantes harán una ley a la altura del grado de corrupción que padecemos? Exacto: nadie.

Pero corrijo lo que hace unas líneas afirmé: esa propuesta de ley no es el único fruto del esfuerzo del grupo, también lo fue la puesta en marcha de la recolección de firmas por todo el país, para lo que se sumaron más organismos, de toda laya. Ya sabemos el resultado, no sólo obtuvieron las firmas necesarias, sino medio millón más, cantidad que es símbolo nítido y expresivo de lo que el tema es para los mexicanos; también sabemos que hay una resistencia evidente por pasar la ley, la que redactaron los expertos por supuesto, y ni siquiera las versiones descafeinadas, deslactosadas y tibias que asimismo se discuten, lo que por su lado es símbolo nítido y expresivo de lo que el tema implica para la clase política.

Ley traducida al ciudadano

Más allá del previsible sí pero no de los legisladores, hay un rasgo de la iniciativa ciudadana del que casi nada se ha dicho: su redacción es para que se entienda. Luego de cien años en que la sociedad ha recibido el mensaje de que la trama jurídica es competencia exclusiva de sumos sacerdotes, el texto de la iniciativa ciudadana abre la posibilidad de acercarnos al estado de derecho soñado por una vía no explorada: que los ciudadanos entiendan las leyes que rigen sus vidas, sin necesidad de intérpretes.

Los legisladores están en el trance de hacerse de la vista gorda ante las más de 600 mil firmas reunidas, también miran sin ver al contenido de la ley que movió a tantas y tantos; en su actitud subyacen dos desprecios consustanciales al clan gobernante: hacia el valor de la participación de la gente y hacia la capacidad de ésta para ser parte del gobierno. Dice la iniciativa ciudadana: “Las leyes deben proveer herramientas necesarias para cumplir el cometido de combatir las causas que han generado el incremento de la corrupción en México”, la postura de la actual Legislatura federal y del Senado apunta a que entendieron la sentencia: una de las causas profundas de la corrupción son ellos mismos, si no por comisión, por conciencia de clase: cuidan lo que fue y temen que ya no pueda seguir siendo.

DN