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Golpe de 15 mdp
Poder Judicial
La crisis en Venezuela está cobrando dimensiones mayores, en tanto que el presidente Nicolás Maduro ha tratado de sostenerse en el poder con muy baja legitimidad; por un lado, en el interior del propio país, como ante los ojos de la comunidad internacional.
El 10 de enero Nicolás Maduro convocó a elecciones en las que se abstuvieron de participar los opositores, lo que facilitó al mandatario venezolano su continuidad como presidente hasta 2025, con muy baja legitimidad y en franca confrontación con la Asamblea Nacional, aunque con el apoyo del Poder Judicial.
El 23 de enero la Asamblea Nacional convocó a una marcha multitudinaria en rechazo a Nicolás Maduro, y al final el legislador Juan Guaidó, presidente de dicha asamblea, se autoproclamó presidente encargado de la República de Venezuela.
La fecha encierra un importante peso simbólico, puesto que el 23 de enero de 1958 el pueblo venezolano se manifestó en contra de un “régimen de atropellos, de corrupción y represión que encubría todos los males de un gobierno autoritario”, el de Marcos Pérez Jiménez. Esta vez la manifestación fue en contra de Nicolás Maduro, pero lo que también expresa es el descontento, el hartazgo contra el gobierno actual, y la debilidad con que se mantiene al frente de la República Bolivariana.
La víspera de la marcha, en un comunicado de prensa, los obispos venezolanos alentaron a preservar a la nación, sus valores y orientar el futuro, “signo de esperanza para lograr los cambios necesarios en el desarrollo integral de la población venezolana”. Llamaron a las Fuerzas Armadas a proteger a la población, a que la acompañen y respeten las demandas de sus derechos...”.
Con dos presidentes ilegítimos, Venezuela agrava su propia crisis y su población se polariza aún más. Al exterior del país, los pronunciamientos de apoyo o rechazo a Nicolás Maduro o a la autoproclamación de Juan Guaidó no se han hecho esperar.
México y Uruguay, en América Latina, así como España y Portugal, en Europa, se han mantenido neutrales y más bien a favor del diálogo entre las partes, quizá más con la intención de que se abra un periodo de transición y se convoque a nuevas elecciones para que Venezuela pueda tener un presidente con la autoridad, la legalidad y la legitimidad que el sufragio popular pueda ofrecer en elecciones competitivas.
Las condiciones actuales han llevado a la ruptura de relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, situación en extremo delicada, puesto que puede agravar la crisis interna y ejercer presión ante los países que se han mantenido neutrales en el conflicto, con posturas más proclives a la autodeterminación del propio pueblo venezolano sobre su destino político.
Es poco probable que Nicolás Maduro pueda sostenerse por mucho tiempo al frente del gobierno venezolano, puesto que las presiones internacionales crecen y, en particular, el único poder electo con legitimidad es la Asamblea Nacional, que en la correlación actual más bien se opone a la continuidad y apostaría a un periodo en el que su líder Juan Guaidó trate de recomponer el poder constitucional.
Más delicado al hecho mismo de la crisis de un gobierno con dos líderes es la situación por la que los venezolanos han visto decaer su nivel de vida, pues sufren en carne propia carencias que no habían imaginado en su pasado reciente. Para el pueblo de Venezuela se torna urgente el restablecimiento del orden constitucional y elecciones libres y competidas a la mayor brevedad.
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