La simulación y la trampa

La simulación no es atenuante a favor de los políticos. Podrán encontrar formas cada vez más sofisticadas para que actos irregulares o poco éticos entren a la perfección en lo legal. Pero eso no elimina la mancha, pues aprovechan las relaciones y los cargos para obtener beneficios económicos.

Las relaciones entre políticos y empresarios son estrechas y se desarrollan de manera cíclica: el empresario apoya al político con sus recursos en su campaña y una vez que el político llega al poder lo recompensa con contratos que le permiten recuperar con creces su inversión.

Hay muchas variantes y matices en ese ciclo. Hay políticos que logran que la recompensa para los empresarios sea con contratos que no son ventajosos y les permiten simplemente mantenerse en el mercado, hasta los casos de empresas creadas o modificadas para ganar grandes contratos. También están los empresarios metidos de lleno en la política, que no hacen pausas en los negocios.

Dos botones de muestra: los datos publicados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre los millonarios contratos que empresas relacionadas con el delegado de programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, han conseguido de manera directa, y la asignación del contrato de mayor monto en lo que va del actual gobierno del estado para el arrendamiento de maquinaria pesada.

Las leyes que rigen los contratos para compras, obras, asesorías, servicios, concesiones o inversiones público-privadas de las tres esferas de gobierno se reforman de manera permanente para evitar la corrupción, el favoritismo o el conflicto de interés. El objetivo no se ha alcanzado y políticos y empresarios encuentran mecanismos para seguir ganando, sin violar la ley.

Ni siquiera los mecanismos de vigilancia que se han puesto en marcha funcionan. Las agrupaciones de la iniciativa privada tienen representantes en los comités de adquisiciones y obras. Cuando ha habido señalamientos por anomalías o incluso cuando éstas se documentan, no se dan cuenta. Su argumento es la cantidad de procesos en que participan, pero ni siquiera en los de mayor monto hay una verdadera supervisión.

Así, la obligación de licitar o concursar no ha sido la vía para evitar los excesos que se dan con las adjudicaciones directas, pues donde se han puesto reglas también se han encontrado las trampas para cumplirlas.

Lo más común son las empresas a nombre de colaboradores, amigos o familiares, que permiten a funcionarios públicos estar de los dos lados del contrato. De esta forma, cuando se cuestiona el proceso y se ordenan revisiones o auditorías, en pocos casos se encuentran los elementos jurídicos para sancionar o echar abajo la licitación. También se crean empresas fantasma, espejo o que sirven como comparsa en los procesos. O los acuerdos por debajo del agua entre las empresas del mismo ramo para turnarse las asignaciones.

Los mecanismos de seguridad pueden aumentar, pero políticos y empresarios encontrarán la forma de evadirlos.

El trabajo periodístico de Laura Sánchez y Valeria Durán sobre los contratos de empresas relacionadas con Carlos Lomelí es un claro ejemplo. Es cierto que ya en Jalisco se habían publicado algunas notas sobre ese tema y que también ya había investigaciones sobre los contratos que había obtenido. Pero ellas armaron el rompecabezas y clarificaron cómo funcionan las relaciones estrechas de empresarios y políticos. Además, está el ingrediente de contratos con el actual gobierno federal, del que forma parte el delgado.

Al igual que sucedió con el programa A toda Máquina, podría ser que en una investigación no se encuentre la violación a la ley. La pregunta que habrá que responder es si el presidente Andrés Manuel López Obrador está dispuesto a cargar con este tema.

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JJ/I