Comisión Interamericana de DH pide al gobierno federal informes sobre el río Santiago

Luego de que habitantes de El Salto y Juanacatlán, apoyados por investigadores de la Universidad de Guadalajara, solicitaran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención para revertir la degradación ambiental que padecen por la contaminación del río Santiago, la institución internacional respondió el 1 de agosto con un comunicado dirigido al Ejecutivo federal para que informe sobre las acciones que está tomando para resolver el conflicto.

Raquel Gutiérrez Nájera, especialista en derecho ambiental de la UdeG, señaló que la CIDH dio un plazo de 20 días para que el gobierno de la República se pronuncie al respecto, ya que le solicitó informe sobre el estado de salud de los habitantes de esos municipios, que se sabe es deteriorado por la alta carga de contaminantes industriales a los que están expuestos, y si existen servicios de salud suficientes para atender a quienes lo necesiten.

“El gobierno mexicano tiene que atender lo que le está mandatando la CIDH (...) Hoy estamos contentos, porque cuando se unen academia, ciencia y organizaciones de la sociedad civil en estos esfuerzos, sí puede haber resultado, y hoy queda patente de que estamos teniendo resultados”, dijo la también investigadora en rueda de prensa.

Cuestionada sobre el impacto que tiene el proyecto del actual gobierno del estado para sanear el río Santiago, que apuesta principalmente por implementar más plantas de tratamiento, Gutiérrez Nájera respondió que es insuficiente porque las enfermedades graves en esos lugares, como insuficiencia renal, cáncer, malformaciones, entre otras, son a causa de la cantidad de metales pesados que se vierten al río desde las industrias, los cuales no se retiran con una planta de tratamiento doméstica como las que se proponen.

“El gobierno estatal, con las plantas de tratamiento, no puede. Debe haber concurrencia de la federación, porque, como se describe en esta petición, en materia de aguas nacionales el principal responsable de la regulación y la gestión es el gobierno federal”, señaló. “Las plantas de tratamiento no tratan metales pesados, por eso es que ni El Ahogado ha tenido un impacto significativo”.

Además, señaló que existen 79 compuestos que se están arrojando al cauce por parte de las industrias y que no se encuentran en la legislación nacional en materia de aguas, es decir, la rebasan, por lo cual también urgió a que se actualicen las Normas Oficiales Mexicanas 001 y 165, relacionadas con las descargas.

EH