Demoler la Villa, un camino de justicia

El Colegio de Arquitectos y Urbanistas del Estado de Jalisco está a favor de la demolición de la Villa Panamericana, edificación ubicada en El Bajío.

La institución se basa en la premisa de que el inmueble implica una alteración de las condiciones naturales de una zona de alto valor como recarga de agua, pero además señala los pésimos precedentes que generaría, incluso con riesgos jurídicos, si se consolida un proceso urbanístico en El Bajío.

“El 3 de Septiembre de 2019, el periódico oficial del estado de Jalisco publicó el decreto firmado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que pretendería resguardar las condiciones ambientales en la zona de El Bajío del Arenal en Zapopan, acompañado del programa de recuperación ambiental para la zona. En declaraciones a medios de comunicación, el propio gobernador y diversos funcionarios de su gabinete, afirman que con esto se aspira a evitar que se continúe con el proceso de crecimiento de la mancha urbana en el cuadrante urbano de 980 hectáreas. Entre las urbanizaciones ya existentes se ubica la Villa Panamericana, construida para albergar a los atletas de la justa panamericana de 2011 en nuestra entidad”, resume el manifiesto a la opinión pública, entregado a NTR.

Sin embargo, el colegio advierte que “la paradoja es que las posibles buenas intenciones de un instrumento de tal naturaleza, se confrontan con la probabilidad de que sea el propio instrumento el que termine por proteger los intereses de los desarrolladores y comercializadores del citado proyecto, a costa de dilapidar nuestro patrimonio ambiental”.

En el posicionamiento el gremio recuerda la intención del gobierno estatal respecto a la Villa: venderla, ya que busca recuperar mil 500 millones de pesos tras las inversiones hechas por los institutos de Pensiones (Ipejal) y Vivienda (Ijalvi) en el inmueble, tal como lo dio a conocer NTR; no obstante, critica que esto implica un “jugoso negocio inmobiliario (…) de acuerdo al contrato de compraventa, (pues contempla) comercializar 161 mil 273 metros cuadrados a razón de 41 mil pesos por metro cuadrado”.

“Persiste el premio a la corrupción y se evade en el discurso mencionar los ingresos multimillonarios para la empresa (Green Life Capital compraría el inmueble) que habría de adquirir la Villa para su comercialización”, critica.

“Es necesario señalar que, permitir la permanencia de la Villa Panamericana en ese sitio, excluyéndola del área de protección explicitada en el decreto, en términos de impedir cualquier tipo de construcción en la zona;  deja sin castigo todo el proceso viciado de origen que permitió su construcción. Y que para la construcción de la Villa Panamericana, se torció la ley y se violentó el equilibrio ambiental de la zona. Se rebasaron los índices y las densidades, se elaboró una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a modo y ahora se pretende legitimar el proceso dejando abierta la posibilidad de su venta, desatendiendo amparos y juicios en proceso que hacen que su venta sea nula de pleno derecho”, añaden.

De manera que se establece “todo un paradigma de posible impunidad que ofende a la sociedad Jalisciense en su conjunto y pone en riesgo el frágil equilibrio medio ambiental y los recursos hídricos de la metrópoli […] el gobernador, en su calidad de mandatario, garante  y representante de los intereses de los jaliscienses, debe llegar al fondo del asunto; y, sin evadir la causa eficiente de su mandato, aplicar de manera irrestricta todo el peso de la ley contra los irresponsables que generaron todo este entuerto. No es, legalizando lo ilegal, como habremos de generar certidumbre y avanzar en el camino de la legalidad y el estado de derecho”.

Ante el escenario descrito, la agrupación considera pertinente recomendar a las autoridades competentes: “1) Evitar la comercialización y eventual uso habitacional del conjunto denominado Villa Panamericana; 2) Proceder a la demolición de la Villa, y 3) Ejercer las acciones necesarias a fin de restablecer las condiciones naturales del predio en donde se emplaza para efectos de generar la restauración ambiental del sitio”.

La base es “el respeto irrestricto a la ley”, más allá de la importancia fundamental de El Bajío para la recarga “y el compromiso generacional en términos de sostenibilidad para el futuro de nuestra ciudad, así nos lo demandan”.

“Persiste el premio a la corrupción y se evade en el discurso mencionar los ingresos multimillonarios para la empresa (Green Life Capital compraría el inmueble) que habría de adquirir la Villa para su comercialización”

Extracto del manifiesto del Colegio de Arquitectos

JJ/I