Más amenazas a la libertad de expresión

Resulta paradójico que mientras la democracia formal avanza en México, la libertad de expresión se vea comprometida. Algunos hechos recientes muestran la vulnerabilidad de este derecho. 

La semana pasada, Francisco José Huber Olea, magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, condenó al académico y periodista Sergio Aguayo a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira Valdés, ex presidente nacional del PRI y ex gobernador de Coahuila. 

El 16 de enero de 2016 Moreira, quien se encontraba en España estudiando con una beca otorgada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), fue detenido por autoridades de ese país acusado de la probable comisión de los delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, organización criminal y cohecho. 

Cuatro días después Aguayo publicó un texto que decía: “Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”. 

Ese olor no sólo lo percibió el académico del Colegio de México. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigó en 2012 al priísta por el presunto desvío de más de 36 mil millones de pesos. Tras las indagatorias, Humberto Moreira fue exonerado en noviembre de ese año. 

Las autoridades españolas liberaron a Moreira el 23 de enero de 2016 y éste volvió a México semanas más tarde. 

Seis meses después de la publicación de la columna, Moreira demandó a Aguayo por daño moral. El juez que conoció en primera instancia el caso exoneró al acusado, pero el ex gobernador apeló y el magistrado Huber Olea falló en su favor. Sergio Aguayo tuvo que pagar esta semana los primeros 450 mil pesos para evitar el embargo de sus bienes. 

De manera que mientras narcotraficantes, asesinos, ladrones, políticos corruptos, secuestradores, extorsionadores y huachicoleros, entre muchos otros criminales, actúan con casi total impunidad, desde una estructura del Estado se persigue a quien opina en un periódico. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció el miércoles pasado que atraerá el caso. Lo que resuelvan los ministros será de suma importancia y creará un precedente fundamental, pues lo que está en juego no es una disputa entre particulares, sino una grave amenaza para la libertad de expresión en nuestro país. Si el acoso contra Aguayo prospera se habrá institucionalizado la persecución contra los periodistas en México. 

Al riesgo que de por sí corren los periodistas por ejercer su oficio en el país, se sumaría el acoso desde instancias judiciales. La organización Artículo 19 ha documentado el asesinato de 131 periodistas en México del 2000 a la fecha. De ellos, 47 se registraron en el sexenio de Enrique Peña Nieto y en el de Andrés Manuel López Obrador ya van 11. La mayoría han quedado impunes. 

De acuerdo con el informe que la organización Reporteros Sin Fronteras presentó en abril, México es el país de América Latina donde mayores riesgos corren los periodistas y es uno de los más peligrosos del mundo para los comunicadores. 

Si a ello sumamos las constantes descalificaciones a los periodistas que hace el presidente López Obrador, el cierre de archivos y la clasificación de información que impulsa el gobierno federal, tenemos un contexto de mayor vulnerabilidad a la libertad de expresión. Mucho ha costado a la sociedad abrir espacios para el ejercicio de la libertad, cerrarlos sería un grave retroceso. 

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