Ni maltrato ni violencia y menos desapariciones 

Después del niño ahogado hay que hacer algo más que tapar el pozo. Cuánto dolor y cuántas penas podrían evitarse con buenas leyes, mejores políticas, acciones precisas y hasta protocolos de emergencia. Eso es justamente lo que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) invita a hacer a los gobiernos, a los legisladores y a los responsables de impartir justicia, en el país y en Jalisco. 

Es más importante que se trabaje a profundidad en la legislación, en el diseño de políticas, tomando en cuenta la problemática reciente, las opiniones de los afectados y colectivos que trabajan en pro de las víctimas, que apresurar el paso para sacar una ley deficiente o incompleta. 

Hoy toca al Congreso de Jalisco trabajar a fondo en la legislación sobre “personas desaparecidas, atención a víctimas y declaración de ausencia”, y lo debe hacer con mucho cuidado, con diligencia y aprovechando todo lo que recientemente se ha presentado en el país y en Jalisco y lo discutido en diversos foros con familiares y colectivos que conocen del tema. 

En lo que respecta a desapariciones de menores, feminicidios y homicidios dolosos, se puede constatar una incidencia que tiende a incrementarse y que se agrava con la carencia de protocolos de búsqueda inmediata. Hoy los familiares de personas desaparecidas tienen que esperar entre 48 y 72 horas para iniciar la búsqueda. La reacción tardía es una clara desventaja en horas cruciales para localizar a personas. De 1960 hasta el fin de 2019, en México se han registrado 11 mil 72 niños y niñas desaparecidos o no localizados. Tan sólo en el último año hubo 2 mil 720 menores con reporte. 

En cuanto a los feminicidios, se constata un incremento, ya que en 2019 se registraron mil 10 feminicidios, frente a los 913 de 2018. Sólo en enero de 2020 se han sido asesinadas 102 mujeres y niñas. En lo que respecta a homicidios dolosos, en el primer mes de 2019 se cometieron 2 mil 854, en enero de 2020 se registró una ligera disminución con 2 mil 818 (El Diario NTR, 21/02/2020). De ahí que se torne fundamental lo que los legisladores establezcan en la ley de desaparecidos, atención a víctimas y declaración de ausencia que está por promulgarse. Las búsquedas deben iniciarse cuanto antes, incluso sin que sea requisito hacer formalmente la denuncia. La legislación no debe dar pie a lagunas o ventajas para quienes delinquen y los delitos deben estar tipificados como graves, sin derecho a fianza o posibilidades de que los delincuentes sean liberados. 

La sociedad está cansada y consternada por el agravamiento de estos problemas; en el fondo, la impotencia ante tanta impunidad y las fallas manifiestas del sistema judicial le llevan a hacer sentir su valor y su fuerza en la plaza pública, mujeres y hombres que alzan su voz para defender a las mujeres, niñas y niños violentados y desaparecidos. La consigna de El Nueve Nadie se Mueve es paradójicamente un llamado a la protesta, a la movilización de la sociedad en su conjunto, para que el Estado se haga cargo de procurar justicia y defender los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, particularmente para vivir y trabajar sin miedo, para disfrutar de la seguridad que merecemos y para no ser violentadas y violentados. 

Los legisladores, los gobiernos del país, de Jalisco y de los municipios han de asumir en serio el compromiso de ofrecer seguridad a la población en lugar de perderse en debates inútiles o en estériles luchas de poder, mientras niños, mujeres y hombres son violentados, secuestrados o desaparecen en sus casas, sus barrios y comunidades, para incrementar las estadísticas negras de la violencia y la impunidad que hoy por hoy no han podido frenar las autoridades poco competentes en cada uno de los tres poderes. 

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