‘Ley Bonilla’: fraude constitucional y electoral

Con la declaración de inconstitucionalidad a la reforma introducida por el congreso de Baja California, bautizada como ley Bonilla, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró el capítulo de uno de los episodios más lamentables y vergonzosos, de nuestra incipiente vida democrática. Una reforma que en palabras del ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, vulneraba “la esencia del proceso democrático”, y señalaba que el conjunto de violaciones contenidas en el texto de la reforma ponía de “manifiesto un fraude a la Constitución. Un efecto corruptor de rango constitucional”. Y remataba afirmando que se había llevado a cabo “una maquinación para burlar la voluntad popular, corrompiendo el principio democrático”. 

El problema se derivó en que, de acuerdo con lo establecido en la ley de 2014, la duración del período sería de 2019 a 2021; el Instituto Electoral del Estado de Baja California publicó la convocatoria a las elecciones bajo ese lineamiento. El delegado federal y virtual candidato de Morena manifestó su inconformidad y logró que el Tribunal Electoral del Estado ampliara el período de dos a cinco años. Esta decisión fue impugnada por el PAN y el PRI ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que anuló la sentencia emitida por el Tribunal Estatal. Ya en campañas se volvió a repetir el proceso. En ambos casos, Yeidckol Polevnsky, la dirigente nacional de Morena, calificó la resolución como una “aberración”, debido al “costo desmedido” que representaba una nueva elección. 

El 9 de julio, ya con Jaime Bonilla como gobernador electo, en una sesión nocturna del Congreso, 21 de los 25 diputados avalaron la reforma que ampliaba el mandato para un período de cinco años, en lugar de los dos por los que se había votado. La iniciativa fue presentada por Víctor Manuel Morán, líder de la bancada de Morena. Las dirigencias nacionales del PAN y del PRI desconocieron la votación de sus diputados estatales y demandaron una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. 

El argumento central de quienes impugnaban la reforma era que los ciudadanos habían acudido a las urnas para elegir a un gobernador por un periodo de dos años, y que ese mandato debía ser respetado. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral (INE) advertía que no reconocer este procedimiento representaba una violación a los derechos de los ciudadanos y asestaba un duro golpe al desarrollo de los procesos democráticos. De acuerdo con una encuesta del diario Reforma realizada el 15 de julio, 54 por ciento de los bajacalifornianos rechazaba la reforma y 57 la consideraba antidemocrática. 

Si bien los diputados de todos los partidos políticos se habían conjugado para aprobar la reforma, resulta evidente que el principal interesado en impulsarla y concretarla era el candidato de Morena; por eso recibió la denominación de ley Bonilla, que contaba con el apoyo de su dirigencia nacional. La evidente vinculación de Morena con el propósito de violentar las reglas establecidas de la contienda electoral tuvo repercusiones en el ámbito federal.  

Cuestionado sobre las implicaciones democráticas del caso de Baja California, el presidente López Obrador se salía por la tangente, relegando la decisión final a la Suprema Corte. No sólo no utilizó el recurso de presentar una controversia constitucional, sino que tampoco condenó sus efectos nocivos a nuestra incipiente democracia. 

“Maquinación para burlar la voluntad popular”. Descripción estricta de nuestro sistema político. 

Twitter: @fracegon

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